El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, y la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ana Tárrago, han firmado en Granada un convenio de colaboración para mejorar el intercambio de información entre las instituciones implicadas en la protección de menores, con el objetivo de garantizar una actuación más ágil, segura y coordinada ante situaciones de riesgo o desamparo.

El acuerdo quiere reforzar la coordinación entre administraciones públicas y organismos con competencias en la materia, para que la información relevante sobre menores en situación de vulnerabilidad pueda compartirse sin demoras y con las debidas garantías, favoreciendo una intervención más rápida y eficaz.

El consejero ha destacado que "este convenio supone un paso decisivo para garantizar una protección más eficaz de los menores en Andalucía, situando su bienestar por encima de cualquier obstáculo administrativo o burocrático", y ha subrayado que "no podemos permitir que la falta de coordinación o los retrasos en el intercambio de información condicionen la respuesta ante situaciones de riesgo".

Por su parte, la Fiscal Superior de Andalucía ha subrayado la relevancia de este convenio para la Fiscalía en su labor de protección de los menores, donde los tiempos de resolución de los expedientes son de vital importancia en su actuación para las situaciones de vulnerabilidad, por lo que hay que dar prioridad a las respuestas en los informes que se solicita a las instituciones.

El convenio implica a la Fiscalía, la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), los servicios sociales, el sistema sanitario, el ámbito educativo y el Instituto Andaluz de la Mujer, entre otros, con el propósito de mejorar la detección, valoración e intervención en casos de posible desprotección.

El texto establece un marco claro para el intercambio de información, que deberá realizarse de forma ágil, segura y debidamente justificada, reforzando el uso de canales de comunicación fiables, la identificación de interlocutores y la trazabilidad de las solicitudes. Asimismo, se fijan pautas específicas para actuar con inmediatez en situaciones de urgencia, donde la rapidez resulta determinante.

Antonio Sanz ha añadido que "con este acuerdo damos un salto cualitativo en la forma en la que las administraciones trabajan conjuntamente, estableciendo un modelo basado en la coordinación real, la seguridad jurídica y la rapidez en la respuesta", y ha incidido en que "en la vida de un menor, un solo día puede marcar la diferencia, por lo que debemos actuar con la máxima agilidad".

El convenio también contempla la identificación de puntos de contacto en cada institución para agilizar las comunicaciones y evitar retrasos, así como el impulso de medidas de formación y sensibilización dirigidas a los profesionales implicados.

El convenio, con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, establece la creación de una comisión de seguimiento encargada de supervisar el funcionamiento del acuerdo, analizar su desarrollo y proponer mejoras.

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia mediante un modelo basado en la coordinación institucional, la agilidad en la intervención y la garantía efectiva de los derechos de los menores.