Un total de 28 unidades familiares compuestas por 79 personas han pasado desde abril de 2025 por el centro de emergencia habitacional abierto por el Ayuntamiento de Córdoba en el antiguo Hospital Militar. Actualmente, 14 de los 15 apartamentos disponibles están llenos con 33 residentes. El resto, un 58% de las personas que han vivido en él, ya han salido y residen en una vivienda fuera después de cumplir el itinerario programado cuando ingresaron. Según Isabel Lozano, directora del centro, "hasta la fecha, no se ha dado ningún caso que haya fracasado durante el proceso", lo cual da idea del éxito de un centro en el que "siempre hay lista de espera".

En el centro de emergencia habitacional hay una quincena de apartamentos, aunque "uno siempre se mantiene libre para utilizarlo en situaciones de emergencia" en las que la estancia máxima es de 72 horas. "Esas emergencias son de distinto tipo, pueden darse por una limpieza de choque organizada por Sadeco, en casos de Diógenes por ejemplo, que requiere alojar a una familia en algún sitio un par de días o por derivaciones de los Servicios Sociales después de una inundación, un incendio o alguna circunstancia similar", explica Lozano. En las estancias ordinarias, las personas llegan en situación de desahucio inminente "no solo por impago sino porque el propietario no renueva el alquiler o se producen subidas que el inquilino no puede asumir y se ve en la calle".

Sala de juegos del centro de emergencia habitacional de Córdoba. / Manuel Murillo

Una vez en el centro, el equipo técnico realiza una evaluación de la unidad familiar con entrevistas personalizadas para diseñar las actuaciones a desarrollar en cada caso. "Los primeros días, los dejamos para que se adapten porque vienen desorientados, preocupados, después hablamos con ellos para saber qué quieren hacer, qué necesidades tienen y cómo podemos ayudarles". No todos están parados o sin ingresos. "También hay quien tiene un empleo, pero lo que gana no es suficiente para pagar un alquiler tal y como están los precios".

"La mayoría de familias que vienen son monomarentales, una mujer con sus hijos". En estos 14 meses, han atendido a 30 mujeres adultas y 13 hombres y a 36 menores, 19 chicos y 17 chicas. En cuanto a la nacionalidad, el 60% de los atendidos son españoles frente a un 40% de inmigrantes.

Existen varias modalidades de apartamento. Hay un único estudio individual y los demás son o apartamentos sencillos, donde pueden residir hasta tres personas, y dobles, con capacidad para familias con cinco o seis miembros. También hay una sala para los juegos de los niños más pequeños y otra reservada para el estudio de los mayores. En total, el aforo máximo del centro es de 35 personas con una estancia media de cinco meses aunque, según las circunstancias, se puede considerar una prórroga. Hasta ahora, han superado los nueve meses cuatro casos después de la valoración correspondiente.

Las unidades familiares han sido derivadas por Servicios Sociales, en el caso de las urgencias, que han afectado a ocho familias; también llegan a través de los servicios sociales comunitarios, en nueve casos, por equipos de tratamiento familiar (2) y por entidades que gestionan dispositivos de protección internacional (6), cuando el plazo máximo para alojar a los solicitantes de asilo en otros recursos se cumple. Además, ha habido algún caso puntual derivado de la Red Cohabita, que atiende a las personas sin hogar de Córdoba, y entidades que trabajan con extutelados, aunque son una minoría.

Personal en el centro de emergencia habitacional de Córdoba. / Manuel Murillo

Cuando el centro empezó a funcionar, "nuestro principal temor era que surgieran problemas de convivencia", afirma la directora, "pero llevamos más de un año funcionando y no ha habido ninguna incidencia de ese tipo, hay un ambiente extraordinario, les decimos que vivan aquí como si fuera su casa y el ambiente es muy familiar". No hay demasiadas normas, pero las que hay son de sentido común. "Todo el mundo colabora, no hemos tenido que expulsar a nadie".

"Este centro está pensado para atender a personas que tengan el máximo de independencia", explica Isabel Lozano, "no es un dispositivo con una seguridad específica ni con personal preparado para atender cuestiones sanitarias, personas drogodependientes, ni dar respuesta a perfiles conflictivos o en exclusión social grave". El objetivo del centro y de Provivienda es "atender casos de vulnerabilidad para prevenir que caigan en el sinhogarismo o en una situación de exclusión que sea más difícil de revertir", indica.

Los meses que viven en el centro reciben alojamiento, medicinas, alimentación y tienen acceso a una zona comunitaria para hacer la colada. "Aquí apenas tienen gastos y nada más llegar hacemos con ellos un plan de ahorro", explica Lozano, "eso es básico aquí, les ayudamos a organizar su economía para reunir dinero de cara a la fianza de un alquiler, eso les da tranquilidad y solvencia". Los responsables del centro actúan a menudo como mediadores con las inmobiliarias. "Les explicamos sus fortalezas y damos fe de que tienen ahorros y están estabilizados, lo que da en muchos casos más confianza a los propietarios", asegura.

Cuando salen, Prolibertas hace seguimiento de las familias. "De momento -asegura-, todos los que han salido progresan adecuadamente".

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