La cuenta atrás para que la Xunta y las tres universidades públicas gallegas alcancen un pacto para financiar las instituciones de educación superior en los próximos ejercicios ha comenzado sin prisas. En teoría, el Plan de Financiamento Universitario vigente, concebido para 2022-2026, decaía a finales de este año, pero la Administración gallega y los rectorados han decidido prorrogarlo un año más, como ya había ocurrido con el anterior, y darse de plazo al menos hasta el primer trimestre de 2027 para volver a rubricar las bases de lo que constituirá el marco de los principales ingresos de las universidades públicas para el quinquenio 2028-2032.

La Xunta informó de la prórroga este martes tras la reunión de constitución del grupo de trabajo que deberá sentar las bases de un acuerdo que, para los rectores, debe servir para hacer frente a la inflación y al envejecimiento de la plantilla, como argumentó la rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. Precisamente la reciente llegada de nuevos equipos de gobierno a las universidades olívica y compostelana, además de los «buenos resultados» de la planificación vigente, han animado al Gobierno gallego y a los rectores a darse un mayor margen para establecer la nueva hoja de ruta.

Ya los equipos salientes, los que dirigían Manuel Reigosa en Vigo y Manuel López en Santiago, habían señalado la necesidad de que fueran sus sucesores, en este caso sucesoras, las que llevaran las riendas de la negociación. En todo caso, animaban, como establece la legislación, a alcanzar el 1% del PIB en sus cuentas, porcentaje que, según indicaban ayer desde la Xunta, ya suponen desde 2023 en su conjunto los recursos públicos (locales, autonómicos, estatales y europeos) que ya reciben en la actualidad.

Por ahora desde la Consellería de Educación no han trasladado ninguna cifra relativa a lo que vendrá, pero sí han hecho balance del funcionamiento del actual plan, que se habría materializado, sostienen, en aportaciones de 2.542 millones de euros desde el Gobierno gallego, 85 millones más que los fondos inicialmente previstos, que en total contribuyeron a movilizar más de 3.300 millones de euros.

Para afinar los números y «consolidar» a Galicia como «referente» en la planificación de una financiación «fuerte, estable y previsible», como proclaman desde la Xunta, las universidades tendrán que hacer ahora deberes estadísticos, facilitando datos a la Xunta —cuya intención es mantener la «estructura» del plan actual, con novedades como la matrícula gratuita, entre otras— que hagan posible echar cuentas, desde la planificación de las jubilaciones hasta las necesidades docentes, pasando por. Los planes de investigación o el coste por centro o por crédito.

Por la UVigo tomaron parte en la reunión el vicerrector de Gobernanza, Xosé Henrique Vázquez, y la gerente, Ana Comesaña. El primero habló de una reunión «cordial» que evidenció que universidades y Xunta están «alineados para mejorar el sistema» y que la Consellería está «abierta a recibir datos y opiniones para mejorar la estructura del Plan».

La rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, considera que, pese a que las universidades gestionan «bien» sus ingresos y son «competitivas», «debido al envejecimiento de la plantilla y a la inflación, claramente los fondos estructurales no son suficientes», de ahí que inste a aumentar la cantidad en el nuevo plan y darle más peso a este tipo de gastos.

Desde la Universidade de Santiago confían en que, siendo el plan de financiación un «instrumento adecuado y eficaz para que las universidades públicas gallegas puedan contar con una previsión plurianual de recursos», en una «actualización que garantice la suficiencia financiera para ofrecer una docencia de calidad y mejorar las capacidades investigadoras que acreditan los indicadores de captación y talento».

La Universidade da Coruña, cuya situación económica ve «preocupante» la Xunta, no emitió valoraciones, pero su máximo responsable, Ricardo Cao, fue el único rector que acudió al encuentro.

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