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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizará hoy una nueva manifestación para pedir por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso aprobó en 2025 y luego ratificó tras el veto presidencial.
La manifestación tendrá lugar este martes 12 de mayo a las 17 horas frente al Congreso, y será la cuarta marcha universitaria federal contra la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza).
En esta nota, 5 claves sobre el financiamiento universitario.
1. Para 2026 se prevé una caída del 18,4% del presupuesto contra 2025Para 2026 el Gobierno presupuestó $ 4,8 billones para el financiamiento de la educación superior. Si se tiene en cuenta la inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, y de no mediar una actualización de las partidas, esto implicaría una caída del 18,4% real con respecto a 2025, y del 42% con respecto a 2023 (último año de la gestión de Alberto Fernández -Frente de Todos-).
Si se cumplen con las previsiones del REM, para alcanzar los valores reales de 2023 el presupuesto debería aumentar a $ 8,4 billones.
En el primer cuatrimestre de 2026, en tanto, el Gobierno giró $ 1,5 billones a las universidades, lo que representa una caída del 7,9% real con respecto a 2025 y del 30,7% respecto de 2023.
Los gastos de funcionamiento (fondos destinados al pago de servicios y al mantenimiento de los edificios) cayó 17,2% real interanual y 40,8% respecto a 2023.
2. Menos fondos para los hospitales universitariosLa semana pasada, autoridades de los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y funcionarios del Ministerio de Capital Humano mantuvieron un cruce de declaraciones en torno al envío de fondos para el funcionamiento de todos los hospitales universitarios.
De acuerdo con los datos analizados por Chequeado en base a la Oficina Nacional de Presupuesto, en los primeros 4 meses del año el Gobierno sólo ejecutó el 9,3% del presupuesto de $ 114 mil millones para el área.
Esto implica una caída real del 67,1% con respecto a igual período de 2025 y del 86,4% sobre 2023.
3. Los salarios docentes cayeron 34,2% en la gestión de Javier MileiDe acuerdo con datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en abril de 2026 el salario bruto (es decir, antes de la aplicación de descuentos) de un docente con dedicación simple y 10 años de antigüedad fue de $ 332 mil.
Esto implica una caída real del 8,8% con respecto a igual mes de 2025 y del 34,2% desde noviembre de 2023.
En el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto destinado al pago de salarios de autoridades, docentes y no docentes, que representa más del 90% del presupuesto total para las universidades, cayó 6,2% real con respecto a igual período de 2025 y 26,3% frente a 2023.
4. La menor inversión por estudiantes desde 2004De acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación de la Nación, en 2023 (última información disponible) había 2,5 millones de estudiantes inscriptos en carreras de instituciones universitarias.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) informó que “en términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $ 2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004”.
En 2024 -de acuerdo a los datos de Educación- se registraban en todo el país 120 universidades: 61 dependientes del Gobierno nacional, 53 privadas y 6 administradas por provincias.
En tanto, el personal docente ascendía en 2024 (último dato disponible) a 147 mil personas. Sumando además a autoridades y no docentes, las universidades nacionales empleaban a 220 mil personas.
5. La Ley de Financiamiento, suspendida y en manos de la CorteEn agosto de 2025 el Senado convirtió en ley un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario impulsado por bloques de la oposición, que establecía una actualización del presupuesto para el área y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023.
Para 2025, la aplicación de la ley hubiera implicado un incremento de partidas del 40% respecto de los $ 4,4 billones ejecutados ese año. Para este año, en tanto, si se cumplen las proyecciones del REM del BCRA, la diferencia entre el presupuesto actualizado por inflación desde 2023 y el efectivamente asignado por el Gobierno sería del 72%.
En este escenario, el Gobierno nacional vetó la Ley de Financiamiento en septiembre de 2025, pero el Congreso rechazó esta medida y ratificó la vigencia de la iniciativa.
El 7 de mayo de 2026, en tanto, la Justicia suspendió la aplicación de la ley por pedido del Poder Ejecutivo, y habilitó al Gobierno a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.