20/01/2026 Actualizado a las 12:23h.

El sector pesquero malagueño afronta este martes un escenario distinto al de la pasada semana. Tras el paro nacional de este lunes y una semana de tensión y temor por la entrada en vigor de los nuevos controles europeos, la flota de la provincia -con especial protagonismo del puerto de Caleta de Vélez- volverá a faenar después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya acordado con las cofradías españolas una serie de flexibilidades para rebajar la carga burocrática y el riesgo de sanciones.

El acuerdo se alcanzó este lunes en Madrid, en una reunión entre la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y de la patronal Cepesca, coincidiendo con una jornada de paralización de la actividad en los puertos de todo el país. En Málaga, el conflicto había tenido ya una expresión clara el pasado 12 de enero, cuando los 22 arrastreros de Caleta de Vélez -más de la mitad de la flota de este arte en la provincia- dejaron de salir a faenar en protesta por unas normas que calificaban de «inasumibles».

Uno de los principales puntos de fricción era la obligación para todos los barcos a partir de los 12 metros de eslora de declarar electrónicamente todas las capturas desde el primer kilogramo, con un margen de error del 10% y bajo amenaza de sanciones graves. A ello se sumaba el preaviso obligatorio de cuatro horas para la llegada a puerto, una exigencia que los pescadores de bajura consideran difícilmente compatible con mareas cortas y faenas de apenas unas horas.

«No podemos estar pescando y pendientes todo el tiempo del ordenador», denuncia a SUR David Pendón, patrón mayor de varias embarcaciones de arrastre de Caleta de Vélez, quien no se fía del resultado de la reunión y el acuerdo anunciado este lunes. «A los arrastreros nos parece una maquillación y una pantomima, no nos fiamos y tememos que haya más sanciones», asegura.

El Ministerio ha aceptado ahora una interpretación más flexible del nuevo reglamento. En concreto, los errores u omisiones en el diario de a bordo relativos a capturas inferiores a 50 kilos por especie no se considerarán infracción, siempre que la declaración de desembarque recoja correctamente las cantidades finales. Además, la obligación de anotar capturas por operación se entenderá cumplida con una comunicación diaria, antes de entrar a puerto, y no lance a lance.

También se suaviza el polémico preaviso: bastará con notificar la llegada cuando el buque ponga rumbo a puerto, sin necesidad de cumplir estrictamente las cuatro horas, salvo en casos específicos. Sobre la notificación previa, la resolución fijará que se realice cuando el buque ponga rumbo a puerto, sin necesidad de avisar con cuatro horas de antelación, salvo en casos con plazos específicos, capturas superiores a 10.000 kilos o atún rojo. Estas medidas se plasmarán en una resolución urgente de la Secretaría General de Pesca, que irá acompañada de instrucciones claras a los servicios de inspección, según ha informado el Ministerio de Pesca, que dirige Luis Planas.

Para el sector malagueño, el acuerdo supone un alivio inmediato, aunque no definitivo. Así, el patrón mayor de Marbella, Jerónimo Sánchez, explica a este periódico que tras el paro de este lunes, con protestas en el puerto, este martes volverán a faenar con normalidad. «Esperamos que cumplan lo prometido y que no haya más sanciones ni controles de los que había, que podamos seguir trabajando al menos como hasta ahora, porque ya estamos totalmente ahogados y contra las cuerdas con tantas inspecciones», considera Sánchez.

España trasladará ahora a la Comisión Europea la petición de modificar el reglamento para que los errores menores de 50 kilos no constituyan incumplimiento ni infracción grave, una reclamación que los pescadores consideran clave para ganar seguridad jurídica. Mientras tanto, la flota de los cinco puertos de la provincia retomará este martes la actividad con la expectativa de que estas flexibilidades eviten sanciones desproporcionadas y permitan centrarse de nuevo en la faena.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha valorado el acuerdo alcanzado y ha señalado que se han logrado «cambios interpretativos importantes para reducir la carga burocrática y el riesgo de sanciones, especialmente para la flota artesanal y de bajura». Otero ha insistido en que, con estas flexibilidades, el sector podrá seguir «funcionando como hasta ahora», siempre que exista coherencia entre las declaraciones de desembarque y las notas de venta.

Desde el Ministerio de Agricultura se ha subrayado que España no cuestiona los objetivos de control y sostenibilidad de la Política Pesquera Común, pero sí reclama «soluciones realistas y proporcionadas» que permitan compatibilizar el cumplimiento de la normativa con la operatividad diaria de la flota. El Gobierno y las cofradías han acordado, además, mantener un seguimiento de la aplicación práctica de estas medidas y celebrar una nueva reunión en las próximas semanas.

En puertos como Caleta de Vélez, donde la pesca de arrastre es un pilar económico y social, el sector confía en que este primer paso marque un cambio de rumbo en la relación entre Bruselas, Madrid y la pesca mediterránea. No obstante, Pendón es pesimista: «Llevan años machacándonos a inspecciones y sanciones, quieren que desaparezcamos, para luego traer pescado de importación de Marruecos», se queja.