Bogotá (CICR) – En 2025, las consecuencias humanitarias de los conflictos armados en Colombia alcanzaron el nivel más grave de la última década. Este deterioro no se explica únicamente por la intensificación de las hostilidades, sino también por la forma en que se condujeron y por el trato que recibió la población civil, en un contexto marcado por la falta de respeto del derecho internacional humanitario (DIH). Así lo evidencia el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre la situación humanitaria en el país, publicado hoy.

Las consecuencias humanitarias presentan indicadores alarmantes. El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. 

Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %.

“La situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas para la población civil”, señaló Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá.

En distintos territorios, los enfrentamientos se desarrollaron de manera recurrente en zonas pobladas, lo que dejó a las comunidades directamente expuestas a sus efectos. Esto no solo incrementó los riesgos para la población civil, sino que se tradujo en personas heridas o fallecidas, en desplazamientos, confinamientos y restricciones en el acceso a servicios esenciales. Además, en el contexto de la intensificación de las hostilidades se notó el aumento del uso de artefactos explosivos, en particular los de detonación controlada y los lanzados mediante distintos dispositivos, lo cual elevó los riesgos para las comunidades, especialmente cuando no se adoptaron todas las precauciones necesarias para limitar sus efectos sobre la población civil. Asimismo, se intensificó el uso de vehículos aéreos no tripulados, conocidos comúnmente como drones, para el lanzamiento de explosivos, una práctica que incrementó el temor y la incertidumbre en comunidades rurales y urbanas.

Más allá de los enfrentamientos, la población civil también enfrentó distintas formas de violencia y abuso, como homicidios, desapariciones, amenazas, violencia sexual y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.

Las consecuencias humanitarias de los conflictos armados se registraron en muchas zonas del país, pero su concentración en algunos territorios explica el agravamiento de la situación a nivel nacional. En Norte de Santander se concentró el 67 % de la población afectada por desplazamiento masivo, el 42 % por desplazamiento individual y el 28 % de la población confinada. En Guaviare, más de 16.000 personas se vieron afectadas por confinamiento, una cifra especialmente significativa dada su baja densidad poblacional. En Cauca se registró el 46 % de las personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, mientras que en Chocó se concentró el 29 % de la población confinada a nivel nacional.