Este martes 30 de junio se cierra el plazo para entregar la documentación necesaria para acceder al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno. No habrá prórroga, como pedían las entidades sociales que desde el pasado 16 de abril han asistido a miles de migrantes que buscan estabilizar su situación en España. Las oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas ya no recogerán más documentos y quien no haya podido conseguir su certificado de antecedentes penales, pruebas de permanencia en el país por más de cinco meses o el informe de vulnerabilidad tendrá que volver a los recorridos legales vigentes hasta ahora. No se sabe con certeza cuántas personas acabarán acogiéndose a este proceso. En España, más de 900.000 personas han presentado su solicitud; es la última cifra oficial. En Catalunya, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, aventura que serán "más de las 150.000 esperadas". De momento, en las ciudades catalanas más pobladas se han emitido más de 60.000 informes de vulnerabilidad.

Barcelona ha emitido más de 34.000 informes de vulnerabilidad y L'Hospitalet, más de 12.000

Barcelona encabeza el ránking, con al menos 34.123 informes de vulnerabilidad emitidos hasta la semana pasada. El ayuntamiento reunió toda la atención a estos migrantes en el Pabellón 2 de la Fira de Barcelona tras semanas de colas y esperas en algunas de las cuatro Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) que había habilitado previamente. El consistorio también intentó facilitar la burocracia enviando informes de vulnerabilidad ya cumplimentados y firmados a aquellas personas que tenían registradas con número de teléfono o correo electrónico en sus servicios sociales.

A Barcelona la sigue en número de informes emitidos L’Hospitalet de Llobregat, con 12.481 informes, también a fecha de la semana pasada. La segunda ciudad de Catalunya fue protagonista los primeros días del proceso de regularización por su gran dispositivo en el recinto ferial de la Farga. El primer día en que se habilitó el dispositivo, acudieron hasta 3.000 personas. La oficina permaneció en ese punto unos 15 días más, hasta el 30 de abril, y por allí pasaron hasta 10.116 personas. Después de esos días, el ritmo bajó considerablemente y solo 4.000 inmigrantes se acercaron en los dos meses restantes del proceso a una de las dos oficinas de atención a la ciudadanía del municipio.

EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con las 11 ciudades más pobladas de Catalunya para saber cúantos informes de vulnerabilidad se han emitido para este proceso. Por orden de informes emitidos, siguen Santa Coloma de Gramenet (3.200); Terrassa (2.685); Tarragona (2.261); Mataró (1.788); Girona (1.503); Reus (1.005). En otras ciudades donde el debate sobre el empadronamiento y la regularización están muy presentes, como en Vic, también se han emitido algo más de 1.000 informes de vulnerabilidad. En la capital de Osona han sido 1.300. Los ayuntamientos de Sabadell, Badalona y Lleida no han contestado a la pregunta de este diario a fecha de este lunes. En total, 60.346 informes.

Las más de 900.000 solicitudes en el conjunto de España superan las previsiones del Gobierno, que calculaba regularizar a medio millón de personas

Los informes de vulnerabilidad son documentos que acreditan que alguna persona se halla en riesgo de exclusión social o con pocos recursos. En un principio se daba por hecho que todos aquellos inmigrantes en situación irregular podrían acogerse a esta categoría, precisamente por permanecer en un Estado extranjero sin un estatus legal definido. Sin embargo, una de las sugerencias que hizo el Consejo de Estado fue que se acreditara documentalmente.

El informe solo era necesario si no se podía demostrar por otro lado tener un precontrato de trabajo firmado o si no se estaba a cargo de menores o personas mayores dependientes. Sin embargo, una gran parte de los interesados en acceder al proceso de regularización optaron por esta vía. Además de los consistorios, también podían emitirlos las entidades sociales. 

Así, la cifra de los informes de vulnerabilidad es un indicador de mínimos sobre el conjunto del proceso de regularización extraordinaria. De hecho, las estimaciones del Gobierno en el mes de abril apuntaban a que en Catalunya accederían al proceso entre 120.000 y 150.000 personas en situación irregular. El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, aventuró la semana pasada que serían “bastantes más”, aunque no concretó ninguna cifra.

En el conjunto de España, las solicitudes presentadas también han superado las expectativas del Gobierno y de algunas de las plataformas impulsoras de la ILP que acabó tramitando el Ejecutivo mediante un decreto-ley. El Gabinete de Sánchez calculaba que se iban a regularizar algo más de 500.000 personas, mientras que plataformas como Regularización Ya! elevaban la cifra hasta las 800.000 personas. A fecha de 12 de junio, sin embargo, ya se habían presentado 900.000 solicitudes, de las cuales 360.000 habían sido admitidas a trámite –y permitido a los solicitantes a trabajar y vivir en España durante un año–, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las mismas voces aseguran a EL PERIÓDICO que el proceso se ha desarollado con total normalidad, algo que muchas de las más de 600 entidades sociales que han colaborado con el proceso no comparten. La Taula del Tercer Sector de Catalunya, ha denunciado problemas para conseguir los certificados de antecedentes penales de muchos terceros países y ha reclamado, sin éxito, que el plazo para presentar solicitudes se amplíe al menos tres semanas. El Gobierno ya prevé una prórroga de hasta tres meses a las personas que puedan acreditar problemas burocráticos con la obtención de documentos de terceros países.

También ha plantado batalla Regularización Ya!, que ha presentado una Propuesta No de Ley en el Congreso para alargar el proceso, reclamar un refuerzo para las citas previas de obtención de las Tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIE) y reclamar que se cumplen los plazos anunciados por el Gobierno al inicio del proceso –15 días para las admisiones a trámite y tres meses para las resoluciones favorables–.

También abogadas de Extranjería como Marie Mateo denuncian esos retrasos: "En las últimas semanas, las admisiones a trámite de las solicitudes presentadas están totalmente paralizadas", denuncia la experta. Para ella, el gran problema de futuro está en la incertidumbre entre los permisos provisionales y las resolucines definitivas. "La Administración no está resolviendo dentro de ese plazo de tres meses en numerosos expedientes, generando inseguridad tanto para trabajadores como para empleadores", critica.

Suscríbete para seguir leyendo