El Sevilla tiene un problema con Rafa Mir, que tiene un año de contrato más con el club andaluz. El pasado 15 de junio conocíamos que la sección cuarta de la Audiencia Nacional de Valencia le imponía una pena de ocho años y medio por una agresión sexual cometida en septiembre del 2024 a una joven en una vivienda situada en la urbanización Torre de Conill, en el municipio valenciano de Bétera.

Si bien ahora el futbolista ha recurrido la sentencia, al ser ya una decisión judicial firme y por vía penal también puede tener sanción deportiva: el futbolista podría perder la licencia durante un mínimo de dos años. Así lo establece el Código Disciplinario de la RFEF dentro de las sanciones muy graves y en su artículo 66 relativo a los "actos notorios y públicos que afecten a la dignidad y decoro deportivos". En el mismo dice literalmente que "los/as que cometan actos notorios y públicos que afecten a la dignidad o decoro deportivos, cuando revistan una especial gravedad, o reincidencia en infracciones graves de esta naturaleza, serán sancionados con multa de 3.006 a 30.051 euros y con una o varias de las siguientes sanciones". Y entre las sanciones se encuentran la "inhabilitación para ocupar cargos en la organización federativa, o suspensión o privación de licencia, por tiempo de dos a cinco años".

Resulta que ahora mismo el jugador no tiene licencia para esta próxima temporada después de que el pasado 30 de junio concluyó su cesión con el Elche y ha regresado al Sevilla, donde aún le queda un año de contrato. Luego si el club andaluz quisiera que jugase en su plantilla debe inscribirlo y tramitar la licencia ante la RFEF. Y es aquí donde está el problema: la duda de si el estamento federativo va a tramitar la licencia a un jugador que está penalmente castigado, aún cuando esté recurrido el mismo. Un problema no sólo del Sevilla sino de cualquier club que se interese por el jugador ya sea mediante un traspaso o una cesión para esta próxima temporada.