Gemma Vilar tiene una fecha marcada en el calendario: el 28 de noviembre de 2026. Ese día, el piso de protección oficial que compró junto a su marido en el Poblenou debía dejar atrás las limitaciones propias de una vivienda protegida. “Durante todos estos años pensábamos que, cuando llegara la fecha, el piso pasaría a ser libre”, explica. Gemma lleva dos décadas viviendo en esta vivienda de Sant Martí, donde ha criado a sus tres hijos. Durante este tiempo ha reformado la cocina, ha cambiado el suelo y ha asumido todos los gastos propios de cualquier propietario. “Este piso lo he cuidado durante veinte años como lo que es: mi casa”, asegura.

La entrada en vigor de la Ley 11/2025 ha cambiado sus planes. La norma establece que las viviendas protegidas situadas en municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado deben mantener esa condición. Esto significa que sus propietarios continúan siendo los titulares de los pisos, pero siguen sometidos a limitaciones en el precio de venta y alquiler, así como a requisitos administrativos para determinadas operaciones. "No digo que quiera venderlo mañana. Lo que quiero es poder decidir sobre una vivienda que llevo pagando y cuidando durante tantos años”, afirma Gemma.

Gemma reivindica que su piso continue siendo de protección oficial / Victòria Rovira / EPC

El cambio legislativo ha provocado la creación de un movimiento ciudadano de propietarios afectados. La plataforma comenzó a organizarse en Badia del Vallès y reúne ya a vecinos de varios municipios catalanes. Sus impulsores calculan que la medida podría afectar a unas 33.000 familias en Catalunya, aunque el colectivo todavía se encuentra en proceso de constitución formal.

La ley fue impulsada por el PSC, ERC y los Comuns. Su objetivo es evitar que miles de viviendas dejen de formar parte del parque asequible y pasen al mercado libre, especialmente en los 271 municipios catalanes declarados como zonas tensionadas. Los propietarios movilizados sostienen, sin embargo, que el problema no es el objetivo de la norma, sino que se aplique también a pisos adquiridos hace décadas con unas condiciones determinadas. “No estamos pidiendo que desaparezca la vivienda protegida. Pedimos que se respeten las condiciones que firmamos cuando compramos nuestras casas”, defienden desde el colectivo. El movimiento tiene una mayor presencia en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Badia del Vallès, aunque también participan vecinos de El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Girona.

José Montero tiene 71 años y vive en Badia del Vallès con su mujer. Sus tres hijos ya se han independizado y él no tenía intención de vender su vivienda. “Después de 49 años y de haber pagado el piso, cuando faltaba poco más de un mes para que quedara libre nos dijeron que ya no se podía liberar”, explica. En su caso, la reforma legal llegó cuando faltaban un mes y seis días para la fecha prevista.

José admite que, mientras continúe viviendo en el piso, el cambio no afecta de forma inmediata a su vida cotidiana. Sin embargo, asegura que sí ha cambiado su manera de sentirse como propietario. “No me siento libre. No me siento propietario de mi propio piso”, lamenta. “Si algún día quiero hacer algo con él, tengo que contar con la Administración. Me siento de prestado en mi propia casa”. José resume su malestar con una frase: “Para mí, es como si me lo hubieran expropiado”.

Jurídicamente, no se trata de una expropiación, ya que mantiene la propiedad y el derecho de uso de la vivienda. Sus palabras reflejan, sin embargo, la sensación compartida por parte de los afectados: haber terminado de pagar un inmueble y continuar sin poder disponer de él sin restricciones.

José Montero, vecino de Badia del Vallès y afectado por la ley 11/2025 / Victòria Rovira / EPC

En el barrio del Gornal, en L’Hospitalet de Llobregat, la asociación vecinal también ha comenzado a organizar a los propietarios. Su presidenta, Yolanda Martínez Pérez, se ha convertido en una de las voces de los afectados en el municipio. Desde la entidad vecinal atiende consultas, recopila casos y trata de explicar a los residentes cómo puede afectarles la nueva legislación. “Es una injusticia. Queremos que nos traten a todos por igual y vamos a llegar hasta el final”, afirma.

Yolanda insiste en que muchos vecinos no comprenden por qué viviendas de promociones similares pueden encontrarse en situaciones diferentes dependiendo de la fecha en la que fueron calificadas o escrituradas. “Hay personas que llevan toda la vida aquí, que han pagado sus pisos y que ahora descubren que las condiciones han cambiado”, explica. “No estamos hablando de grandes propietarios. Estamos hablando de familias trabajadoras y de su única vivienda”. A ella se le terminaría la protección oficial el próximo 4 de noviembre de 2026.

Yolanda Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Vecinos del Gornal y afectada por la Ley 11/2025 / Victòria Rovira / EPC

La presidenta de la asociación vecinal también rechaza que las reivindicaciones de los afectados se reduzcan únicamente al deseo de vender los pisos a un precio superior. “Hay personas mayores que quizá necesiten cambiar de vivienda, familias que han tenido que trasladarse por trabajo o padres que quieren dejar el piso a sus hijos”, señala. “Cada familia tiene sus circunstancias y lo que pedimos es poder decidir”.

La primera reunión informativa del movimiento se celebró en marzo en Badia del Vallès. A partir de ese encuentro comenzaron a conocerse casos similares en otros municipios. El colectivo reúne por ahora a alrededor de medio centenar de vecinos, aunque sus impulsores aseguran que "continúan recibiendo nuevas adhesiones".

La mayoría de los participantes tiene entre 50 y 60 años, pero los perfiles son diversos. Hay matrimonios jubilados, familias con hijos, personas que han heredado las viviendas y propietarios que, por motivos laborales o personales, ya no residen de manera permanente en el municipio donde se encuentra el piso.

Suscríbete para seguir leyendo