La complejidad del lenguaje jurídico sigue siendo una de las grandes barreras entre la ciudadanía y sus derechos. En una conversación con Rafa Latorre, la experta en comunicación jurídica Cristina Carretero desgranó los riesgos de esta falta de comprensión, desde las cláusulas abusivas hasta decisiones tomadas sin información clara, y defendió el lenguaje accesible como un pilar esencial del sistema legal.

La claridad en el lenguaje jurídico no es solo una cuestión de estilo, sino de derechos. Esa es una de las ideas centrales que dejó Cristina Carretero, profesora de Derecho en Comillas ICADE y experta en comunicación jurídica, en su conversación con Rafa Latorre en La Brújula, donde ambos abordaron el problema estructural de la incomprensión de los textos legales.

La entrevista arrancó con una referencia a la célebre escena de los hermanos Marx que caricaturiza los contratos incomprensibles, un ejemplo que Latorre utilizó para ilustrar una realidad vigente: la dificultad generalizada para entender documentos jurídicos.

El periodista planteó una pregunta clave sobre las consecuencias de esa falta de claridad: mientras que en la radio la incomprensión implica perder oyentes, en el ámbito legal "ahí sí que empiezan las complicaciones para su vida". Carretero coincidió en el diagnóstico y llevó el problema al terreno cotidiano, cuestionando cuántos ciudadanos entienden realmente lo que firman.

"¿Cuántos oyentes crees que firmaron su hipoteca y la entendieron?", planteó, a lo que Latorre respondió con ironía que apenas "un 0,1%". La experta confirmó que este desconocimiento es generalizado y advirtió de sus consecuencias.

Carretero explicó cómo esta falta de claridad ha tenido efectos reales en la vida de los ciudadanos, poniendo como ejemplo las cláusulas suelo. Aunque estaban incluidas en los contratos, permanecían "enterradas entre montones de palabras muy complejas" y resultaban ininteligibles para la mayoría.

En su intervención, subrayó que el problema no es anecdótico, sino estructural: "Estamos firmando, estamos contratando, estamos heredando… sin una verdadera comprensión". Una situación que, a su juicio, atraviesa toda la vida de las personas.

Frente a este escenario, la profesora defendió que simplificar el lenguaje jurídico no solo es posible, sino necesario. Recordó que instituciones como la Real Academia Española impulsan iniciativas como la red panhispánica de lenguaje claro y accesible, que ofrece pautas para facilitar la comprensión.

Pero fue más allá al destacar un avance legislativo poco conocido: la ley orgánica del derecho de defensa aprobada en España en 2024. Según explicó, esta norma reconoce explícitamente el derecho de los ciudadanos a recibir información jurídica "de una manera clara, simple, comprensible y accesible universalmente".

Carretero insistió en que no se trata de una concesión, sino de una obligación para todos los operadores jurídicos, desde jueces hasta abogados.

La conversación también abordó el papel creciente de la inteligencia artificial como herramienta para traducir o resumir textos legales. Aunque reconoció su utilidad, Carretero advirtió de los riesgos de utilizarla sin supervisión profesional.

"Si no hay una revisión, puede que con esa traducción cometas un gran error", alertó, especialmente en ámbitos sensibles como el derecho o la salud. Además, mostró su preocupación por el uso acrítico de estas herramientas entre los más jóvenes, que pueden carecer del criterio necesario para evaluar sus respuestas.

En la recta final, Latorre y Carretero coincidieron en la importancia de desterrar la vergüenza a la hora de pedir explicaciones. La experta recordó que muchos ciudadanos no preguntan por pudor cuando no entienden a su abogado, pese a que la ley les ampara.

En este sentido, subrayó que los profesionales del derecho tienen la obligación de explicar no solo los aspectos técnicos, sino también las estrategias y escenarios posibles de cada caso, en términos comprensibles para el cliente.