La acusación particular sostenía que facturaban sistemáticamente el importe máximo establecido en el Catálogo de Productos de Prestación Ortoprotésica, independientemente del valor real de las sillas dispensadas, pero la magistrada Isabel Guzmán ha determinado que la práctica de facturar por el importe máximo del catálogo era habitual en todas las ortopedias concertadas con el sistema sanitario andaluz, y que no existía normativa administrativa que obligara a facturar por el precio real del producto cuando este fuera inferior al máximo establecido.

La sentencia destaca varios elementos fundamentales que conducen a la absolución. En primer lugar, todas las sillas de ruedas fueron efectivamente entregadas a los pacientes que las necesitaban, según consta en las declaraciones testificales. Los usuarios comparecieron en el juicio confirmando la recepción de los productos ortopédicos sin haber abonado cantidad alguna por ellos. Además, la juez considera que no se rebasó en ningún caso el importe máximo de financiación previsto en el Catálogo oficial para las sillas de ruedas eléctricas. Las facturas presentadas por Ortopedia María Auxiliadora respetaban los límites establecidos de 3.743,39 euros hasta agosto de 2014 y de 3.277,17 euros, posteriormente.

Un aspecto crucial fue la declaración de representantes de ASOAN (Asociación de Ortopedias de Andalucía) y de la empresa ORTOGEST, desarrolladora del software de facturación. Estos testigos confirmaron que el sistema informático del SAS impedía facturar por importes inferiores al máximo del catálogo durante varios ejercicios económicos, y que todas las ortopedias seguían esta misma práctica sin haber recibido instrucciones contrarias de la Administración.

El abogado penalista Alfonso Choza, de la firma Cuatrecasas, que ha defendido al empresario, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia porque, "aunque con notable demora -más de ocho años de proceso-, se ha hecho Justicia con Ortopedia María Auxiliadora, con sus trabajadores y, muy especialmente, con su administrador, Jaime Álvarez Díaz, quien se vio inmerso injustamente en este desagradable procedimiento penal". Jaime Álvarez, al conocer su imputación, dimitió de su cargo de presidente de la Asociación Andaluza de Ortopedias para "evitar manchar el buen nombre de dicha asociación, pese a que, como se ha demostrado posteriormente, nada tenía que ver con ninguna trama delictiva".

Quienes conocen a Jaime, ha añadido el letrado, saben de su "excepcional calidad humana, por lo que me alegra especialmente que su reputación profesional y su dignidad personal queden intactas. No puedo evitar dedicar un sentido y emocionado recuerdo a Paco Baena, con quien defendimos este asunto desde el principio. Allá donde esté, esta absolución es también suya", ha destacado Alfonso Choza.

Por su parte, Ortopedia María Auxiliadora ha manifestado que "continúa, como siempre, al servicio de sus pacientes y clientes, con la misma vocación, la misma profesionalidad y la misma cercanía que nos han definido durante décadas". Del mismo modo, ha "agradecido de corazón a todas las personas que han brindado su apoyo durante estos años: a nuestros clientes, por su fidelidad; a los profesionales del sector, por su solidaridad; a nuestros abogados, por su dedicación; y a nuestras familias, por su paciencia y su amor incondicional".

Casos concretos examinados en el procedimiento

El Ministerio Fiscal centró su acusación en dos casos específicos, mientras que el SAS amplió la investigación a once casos, pero en ninguno de ellos pudo acreditarse la existencia de engaño o ánimo defraudatorio. Los testigos confirmaron que recibieron las sillas prescritas en sus recetas P-14 y que el proceso se desarrolló conforme a los protocolos establecidos.

Junto a la estafa, el SAS acusó a los empleados de falsedad en documento mercantil por suponer firmas en los justificantes de entrega. La acusación sostenía que los recibís eran rellenados por el personal de la ortopedia sin que los pacientes los firmaran personalmente.

La sentencia rechaza esta imputación al considerar que, aunque algunos beneficiarios no reconocieron sus firmas o manifestaron que pudieron firmarlas familiares, todos confirmaron la recepción efectiva de las sillas de ruedas. El tribunal califica esta posible irregularidad como "falsedad inocua", que no ocasiona perjuicio ni afecta a las funciones jurídicas del documento.

Según la jurisprudencia citada en el fallo, para que concurra el delito de falsedad documental se requiere que la alteración de la verdad afecte a elementos esenciales del documento y produzca o pueda producir una efectiva lesión de sus funciones en el tráfico jurídico. En este caso, el hecho verdadero y consentido era la entrega de las sillas, independientemente de quién estampara materialmente la firma.

El papel del doctor que realizaba las prescripciones

Un elemento controvertido del caso fue la actuación del especialista en cirugía ortopédica y traumatología que realizaba las prescripciones médicas necesarias para la dispensación de las sillas eléctricas. La acusación sostenía que prescribía a pacientes que no pertenecían a su cupo ni a su área de salud.

Sin embargo, la investigación ya había determinado en fase de instrucción que no existía falsedad en las prescripciones ni connivencia para defraudar al SAS. El archivó en su día la causa contra este doctor, al considerar el juez que su conducta no era merecedora de reproche penal, tratándose en todo caso de irregularidades administrativas.

El informe de la Responsable de Unidad de Prestaciones del Hospital Universitario Virgen Macarena confirmó que las anomalías se circunscribían a cuestiones de área hospitalaria, no al contenido de las prescripciones médicas. La Unidad de Prestaciones no cuestionaba la validez de los documentos cuando constaba la prescripción facultativa correspondiente.

El Decreto 195/1998 de 13 de octubre establece que las sillas de ruedas eléctricas están indicadas para pacientes con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor. Específicamente, requieren incapacidad permanente para la marcha independiente, incapacidad funcional permanente para propulsar sillas manuales con los miembros superiores, y capacidad visual, mental y de control para su manejo seguro.

La acusación particular argumentó que varios beneficiarios no cumplían estos requisitos. No obstante, la sentencia considera insuficiente esta alegación sin prueba pericial médica que lo acredite más allá de las manifestaciones de los pacientes y la documentación obrante en autos. Todos los usuarios contaban con certificados de discapacidad y prescripciones médicas formalmente válidas.

El proceso habitual comenzaba con la evaluación en atención primaria, derivación a atención especializada, exploración del paciente por el facultativo especialista, extensión del documento oficial P-14, visado administrativo y posterior retirada en la ortopedia de libre elección del paciente. Este procedimiento constaba en el documento operativo aportado por el propio SAS.

Sistema de facturación del catálogo ortoprotésico

El Catálogo General de Ortoprotésica de la Comunidad Autónoma Andaluza, anexo al Decreto 195/1998, establece los productos financiados por el SAS y sus importes máximos de financiación. Las sillas de ruedas eléctricas están incluidas con el código de prescripción "320".

Según la Orden de 7 de diciembre de 2005 y la Orden de 26 de junio de 2014, los importes máximos fueron actualizados en diversas ocasiones. El elemento fundamental que destaca la sentencia es que todas las ortopedias concertadas facturaban sistemáticamente por el importe máximo del catálogo, práctica conocida y consentida por la Administración sanitaria.

Un testigo, que trabajaba en la Unidad de Prestaciones del Hospital Universitario Virgen Macarena hasta 2013, declaró en el juicio que ninguna ortopedia facturaba por importes inferiores al máximo establecido. Esta testifical resultó crucial para desmontar la tesis de la acusación sobre la singularidad fraudulenta de Ortopedia María Auxiliadora.