El proceso fue iniciado por su madre, que falleció hace ocho años, y ahora su hijo , bisnieto del aristócrata alcalde será quien pelee, con 60 años ya, por ese reconocimiento "con papeles" que su bisabuela nunca tuvo en vida.

Fernando Osuna, en su bufete / Juan Carlos Váquez

Según reconoció el abogado Fernando Osuna, quien representa a los demandantes de la paternidad, ha sido un caso muy complicado: "Primero fue difícil conseguir la exhumación de los huesos del aristócrata, que fue alcalde de una importante ciudad de Andalucía Occidental antes de la Guerra Civil. Cuando por fin lo conseguimos, el estado de los restos era tan malo que no pudimos conseguir ADN". En este caso, el letrado ha tenido que acudir a otros recursos para fundamentar la demanda de paternidad. Una relación de la que hay numerosos rastros y donde se ha demostrado que durante varios días al mes había convivencia de la pareja con el niño y de la que hay numerosas fotos.

Además de las más de cincuenta cartas de amor que se intercambió la pareja, el parecido entre padre y supuesto hijo "es asombroso", recalcó Osuna. Una historia que se desarrolla en una época convulsa, entre finales de la Guerra de Cuba y la Guerra Civil y que tuvo por escenarios Sevilla, Cádiz, Córdoba, Madrid, Francia e Italia.

Si se demuestra que el presunto bisnieto del aristócrata es realmente así, existe la posibilidad de que esta persona acceda a una herencia millonario puesto que sería el único descendiente directo y le correspondería, al menos, el 66% del "inmenso patrimonio que siguen teniendo los descendientes".

Según el abogado, Fernando Osuna, "desde el momento en que dicho procedimiento fue incoado ha venido sufriendo dilaciones indebidas en cada uno de los trámites procesales, por sencillos que éstos resultasen. La situación en la que se encuentra el proceso incurre en una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en un procedimiento judicial en el que se reclama una filiación , es decir que el juzgado declare a este ciudadano hijo extramatrimonial, no reconocido".

El letrado ha denunciado que se está vulnerando "injustificadamente el derecho constitucional a un procedimiento sin dilaciones indebidas previsto en el artículo 24.2 de la Constitución Española, vulneración que ya ha sido puesta de manifiesto ante el Juzgado, con los sucesivos escritos de impulso presentados por esta parte, sin resultado alguno, siguiendo en la misma línea de incumplimiento de los plazos procesales preceptivos".