El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha presentado alegaciones al proyecto de Orden Ministerial por la que se crea el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, una nueva figura que permitirá a determinadas asociaciones y organizaciones sindicales tramitar procedimientos de extranjería en representación de los ciudadanos, sustituyendo la comparecencia personal ante la Administración.

La norma, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, establece que estos trámites deberán realizarse de forma gratuita y limita el acceso al registro exclusivamente a asociaciones y sindicatos, dejando fuera a profesionales jurídicos y administrativos que llevan décadas realizando estas funciones con formación acreditada, responsabilidad profesional y control colegial.

«El Gobierno debería explicar con claridad qué modelo tiene en la cabeza», señala Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. «Si los trámites deben hacerse gratis, ¿de qué van a vivir las asociaciones o sindicatos que los realicen? ¿Estamos hablando de subvenciones públicas, convenios futuros o financiación estructural? Porque nada de eso se explica».

Desde el Consejo General se subraya que el debate no es ideológico ni corporativo, sino de diseño institucional. «Los trámites administrativos deben ser gratuitos para aquellos ciudadanos que quieran hacerlos por su cuenta», explica Santiago. «Pero para que eso sea real, los procedimientos deben ser sencillos, comprensibles y accesibles. El problema no se resuelve creando intermediarios financiados, sino simplificando el propio trámite».

El presidente de los gestores administrativos advierte de que una Administración moderna debe garantizar la libertad de elección. «Habrá ciudadanos que quieran hacerlo todo por sí mismos, y deben poder hacerlo sin barreras. Y habrá otros que, libremente, decidan pagar a un profesional para que les asesore o les represente. Ambas opciones son legítimas. Lo que no es razonable es diseñar procedimientos tan complejos que obliguen a buscar intermediarios».

El proyecto de Orden afirma en su Memoria de Impacto Normativo que no tiene efectos sobre la competencia ni impacto económico. Sin embargo, el Consejo General discrepa de esa afirmación. «Cuando se crea un canal específico y privilegiado de intermediación administrativa y se excluye a profesionales ya habilitados, hay impacto en competencia, aunque no se quiera ver», subraya Santiago.

Además, los gestores administrativos alertan del riesgo de duplicar costes públicos. «¿Vamos hacia un modelo en el que el Estado paga a los funcionarios que resuelven los expedientes y, al mismo tiempo, a asociaciones o sindicatos que tramitan gratuitamente en nombre de los ciudadanos?», se pregunta el presidente. «¿Vamos a financiar dos veces el mismo procedimiento? Esa es una cuestión legítima que merece una respuesta».

En este sentido, el Consejo General plantea una reflexión más amplia sobre el rumbo que están tomando algunas políticas públicas. «Tras los agentes de igualdad y ahora los trámites de extranjería, la pregunta es inevitable: ¿qué será lo siguiente?», señala Santiago. «¿Un sistema generalizado de subvenciones a asociaciones para gestionar trámites administrativos? ¿Es este un modelo sostenible a medio y largo plazo?».

Desde el colectivo se recuerda que existen alternativas menos restrictivas y plenamente coherentes con el ordenamiento jurídico español y europeo. «La experiencia demuestra que cuando la Administración colabora con profesionales regulados, bajo criterios objetivos, con trazabilidad, responsabilidad y control, el sistema funciona», concluye Santiago. «Crear estructuras paralelas financiadas con fondos públicos para hacer lo mismo que ya hacen otros operadores plantea dudas razonables sobre su racionalidad, su coste y su viabilidad».