Lo ocurrido estos días con la entrada ilegal de decenas de miles de personas en Ceuta confirma que España tiene en las dos ciudades autónomas del norte de África un grave problema de seguridad que ningún Gobierno de la democracia ha decidido afrontar con realismo por el complicado equilibrio que han supuesto siempre las relaciones con Marruecos. Pero es, sin embargo, este factor –la política muchas veces agresiva de Rabat y su reivindicación territorial sobre las ciudades españolas– el que está en el origen de este problema. Marruecos tiene medios sobrados para controlar los flujos migratorios hacia España. La misma naturaleza autoritaria del régimen de Mohamed VI dota al reino de unas fuerzas policiales eficaces y temidas por la población. Si se producen hechos como los de esta semana en Ceuta es porque Rabat lo permite y porque con ello ejerce una presión directa sobre Madrid. En 2021 la invasión de Ceuta fue la respuesta a un gesto humanitario del Gobierno español con el líder del Polisario. Ahora muchos observadores relacionan este episodio con el acercamiento entre Madrid y Argel y con unas mafias que son agitadas por las autoridades marroquíes. España no puede permitirse el lujo de asistir impasible a estos desafíos. Como dijo ayer Pedro Sánchez, se ha producido una violación de la integridad territorial de España. Lo que se pone en cuestión es la propia seguridad del país y su posición internacional, como demuestra que países de la UE, entre ellos Italia, han decidido el cierre del espacio Schengen. La tragedia humana adquiere caracteres dantescos: decenas de miles de personas han logrado violentar una frontera europea y decenas se han dejado la vida en el empeño. Nada de ello hubiera ocurrido si no se hubiera vuelto a poner en entredicho por parte de un país vecino, y en teoría amigo, la seguridad nacional. El Gobierno tiene que tomar nota y con la prudencia que aconseja la situación poner en marcha medidas que blinden la seguridad de una parte del territorio nacional.