MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha advertido de que el precio de los carburantes experimentará una subida a partir de este miércoles, 1 de julio, al decaer la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis.

   De este modo, los carburantes recuperan el IVA al 21%, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

   Según los cálculos de la patronal, el precio medio del litro de diésel se incrementará en 2,8 céntimos -pasando de 1,506 a 1,534 euros-, mientras que la gasolina súper subirá 10 céntimos por litro, situándose en 1,542 euros frente a los 1,442 euros actuales.

   A través de un comunicado, la confederación ha lamentado que el Ejecutivo recurra nuevamente a la estrategia de "sembrar la sospecha" sobre las estaciones de servicio, una maniobra que consideran un intento de "desviar la atención de su propia política fiscal".

   CEEES califica de "del todo injustificada" la actual presión regulatoria y recuerda que, de acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado el pasado 29 de mayo, el organismo regulador solo detectó comportamientos anómalos en 52 estaciones de servicio de las 10.500 analizadas en todo el territorio nacional.

    Esto supone, según destaca la patronal, que el 99,51% del sector opera con un cumplimiento normativo "intachable".

   En este sentido, la organización empresarial ha mostrado su sorpresa ante la incorporación de nuevos artículos al Real Decreto-ley 7/2026 orientados a la creación de una "lista negra" de instalaciones con comportamientos anómalos.

   "Resulta sorprendente que la Administración considere la oportunidad de realizar esta modificación legislativa para perseguir un residuo estadístico del 0,49%", han señalado fuentes de la confederación.

   Por su parte, el presidente de CEEES, Javier de Antonio, ha defendido que el sector está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y familias, por lo que ha exigido "respeto, diálogo y el cese inmediato de una campaña de criminalización que carece por completo de base económica y estadística".