Tras la imputación de la directora de la Guardia Civil Mercedes González y del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil Manuel Llamas en el marco del caso Leire Díez por los supuestos delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia, el PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y de la ministra de Defensa Margarita Robles para que den explicaciones. 

Además, en otra iniciativa, los populares han planteado dos preguntas dirigidas a la ministra de Defensa para que explique por qué no suspende de funciones al DAO y cesa a la directora de la Guardia Civil. “¿Qué razones tiene la Ministra de Defensa para no haber incoado los correspondientes expedientes disciplinarios y de suspensión de los agentes de la Guardia Civil afectados por las imputaciones judiciales y el cese de la propia Directora de la Guardia Civil?”, recoge la primera pregunta. 

“¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio de Defensa, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 92 de la Ley 2912014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, tras la imputación judicial de la Directora General de la Guardia Civil y de su número dos por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia?”, pregunta el PP en la segunda cuestión. 

En este sentido, en el documento de la iniciativa registrada este mismo viernes en el Congreso, los populares recogen el artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil, que establece que la suspensión de funciones “se puede acordar tras procesamiento, inculpación (imputación) o medida cautelar en proceso penal, o por expediente disciplinario de falta muy grave”. 

Además, el PP añade que la suspensión de funciones es decidida por la ministra de Defensa “valorando la gravedad de los hechos, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio al régimen del Instituto, y la alarma social” y el ministro del Interior es quien ”decide si conlleva cese en el destino”.