El dictamen de Consell Jurídic Consultiu (CJC) vuelve a alertar del uso que los gobiernos hacen de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat para reformar todo tipo de normativas vigentes “de muy diversa naturaleza material”. Un tirón de orejas habitual de este órgano consultivo que no ve con buenos ojos que la llamada ley de medidas o de acompañamiento se use por el Consell para “introducir modificaciones en cualesquiera sectores del ordenamiento sin una conexión funcional suficientemente intensa con los objetivos presupuestarios o económicos perseguidos”.

En este sentido, el Consell Jurídic “reitera nuevamente la conveniencia de acudir, cuando la naturaleza y entidad de las modificaciones lo aconsejen, a iniciativas legislativas específicas dotadas de unidad material y sustantiva propia, favoreciendo así una mayor calidad normativa, una mejor sistematización del ordenamiento y un reforzamiento efectivo del principio de seguridad jurídica”.

Y es que este órgano asesor del Consell defiende que en la ley de acompañamiento sí que hay modificaciones relativas a fiscalidad, tributación o medidas organizativas del sector público, que presentan una conexión “más directa con la planificación económica y financiera”, que es el verdadero objetivo de esta normativa. Sin embargo, puntualiza el CJC, algunas de la reformas incorporadas afectan “a ámbitos sectoriales autónomos —como vivienda, deporte, función pública, sanidad, servicios sociales, agricultura, bienestar animal o participación ciudadana— cuya regulación, atendida su relevancia y alcance material, hubiera podido articularse mediante proyectos legislativos específicos e independientes”. 

Especial mención hace el Jurídic a la modificación de normas estructurales del ordenamiento autonómico valenciano, tales como la Ley de Función Pública Valenciana, la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, la normativa sobre participación ciudadana o la legislación sectorial en materia agraria y de bienestar animal. Y es que argumenta  que, dada la amplitud y trascendencia de algunas de estas reformas, sería conveniente que se tramitaran de forma autónoma y no en el cajón de sastre que supone la ley de medidas. Una circunstancia que permitiría “un debate parlamentario singularizado y una mayor participación de los sectores afectados”.

Con todo, el Consell Jurídic no hace grandes alegaciones al texto aprobado por el Consell que ahora inicia su trámite en las Corts Valencianes; la idea es que se apruebe con los votos de PP y Vox el 31 de julio. Sí que realiza un total de 13 objeciones esenciales, pero todas de carácter muy técnico y de poco impacto en el conjunto de la ley. Así, un elevado número de las mismas se refiere a los cambios introducidos en la ley de Salud de la Comunidad Valenciana, cuando el órgano asesor pide que se concreten expresiones y se tipifiquen con mayor concreción las conductas sancionables y las infracciones.

Sobre la ley de acompañamiento ya se pronunció hace unos días el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES), otro órgano consultivo del Consell, y este expresó su preocupación por el hecho de que el “extraordinario acortamiento” de los plazos de tramitación de la ley de acompañamiento podría perjudicar la calidad de la participación ciudadana y el correspondiente trámite de audiencia. 

Licenciado en Periodismo (2005) y Ciencias Políticas y de la Administración (2012). Redactor de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana desde enero de 2021. Antes, en El Mundo. Ha participado en varios libros sobre la Comunidad Valenciana