Compartir una cuenta bancaria con un hijo, una pareja o un familiar cercano es una práctica bastante habitual en España. En muchos casos se hace por comodidad, para facilitar pagos, gestionar recibos o permitir que otra persona pueda ayudar con las tareas económicas del día a día, especialmente cuando el titular principal es mayor o necesita apoyo.

Sin embargo, lo que para nosotros puede parecer un simple movimiento de gestión financiera del hogar, no siempre tiene una lectura tan sencilla desde el punto de vista fiscal. Y es que añadir a otra persona como cotitular de una cuenta puede acabar generando dudas con Hacienda si no queda claro quién es realmente el dueño del dinero depositado.

Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado la Dirección General de Tributos, que ha aclarado cuándo poner a un hijo como cotitular de una cuenta bancaria puede considerarse una donación. El criterio de Hacienda es importante porque afecta a una situación muy común, pero que puede tener consecuencias si los fondos empiezan a utilizarse como propios.

Según Tributos, el simple hecho de incluir a un hijo como titular de una cuenta no implica, por sí solo, que exista una donación. La cotitularidad permite operar con el dinero frente al banco, pero no convierte automáticamente al nuevo titular en propietario de los fondos ni supone que el saldo pase a repartirse por partes iguales.

El problema aparece cuando esa cotitularidad deja de ser una herramienta para gestionar la cuenta y se utiliza para trasladar dinero de una persona a otra. Si el hijo, la pareja o el cónyuge retira fondos para gastos propios, los mueve a otra cuenta o los usa para una compra personal, Hacienda puede analizar si existe una donación encubierta.

Y para que se considere donación debe existir una transmisión real del dinero, un empobrecimiento de quien lo entrega, un enriquecimiento de quien lo recibe y una voluntad de donar. En estos casos, lo importante es poder justificar el origen del dinero y el uso que se hace de los fondos. De esta manera, la Administración podrá revisar cada situación concreta y valorar las pruebas aportadas por el contribuyente.