Desde hace meses, multitud de países están arrastrando las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Y una de las parcelas en la que más se han notado las consecuencias de la guerra es en el combustible. No solo el cliente final, que podrían ser los conductores, han sufrido los efectos de la subida de la gasolina, sino que han afectado también a multitud de empresas de nuestro país.

Por ello, España solicitó a la UE la aprobación para implementar una nueva ayuda estatal por valor de 402 millones de euros dirigida concretamente a las empresas de transporte por carretera que se han visto afectadas por esa subida de los precios del combustible. Una ayuda que ya ha recibido la 'luz verde' de la Comisión Europea esta misma semana.

Tal y como comunicó la Comisión el pasado lunes 29 de junio, Europa ha validado el régimen de ayudas, que se concederán en forma de subvenciones directas, y a las cuales se podrán acoger los afectados por la crisis. Esa ayuda, según informa la Comisión, "puede cubrir hasta el 70% de los costes adicionales de combustible soportados entre el 1 de marzo y el 30 de junio del 2026.

"La Comisión ha evaluado la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, y en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ('TFUE'), que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas bajo determinadas condiciones, así como las secciones 1 y 2.2 del METSAF", indica la Comisión en la nota de prensa.

"La Comisión ha constatado que el régimen español se ajusta a las condiciones establecidas en el METSAF. En particular, las ayudas se concederán sobre la base de un régimen con un presupuesto estimado claro, y se destinarán a apoyar temporalmente el desarrollo de empresas del sector del transporte por carretera. La Comisión ha llegado a la conclusión de que el régimen es necesario, adecuado y proporcionado para facilitar el desarrollo de una actividad económica y no altera las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común", valora Europa.