El Real Decreto 592/2026, de 15 de julio, publicado en el BOE de 16 de julio siguiente, establece el nuevo régimen jurídico para las organizaciones que deseen obtener el reconocimiento oficial como entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la Administración General del Estado. Su objetivo primordial es crear un marco formal que regule la relación entre el Estado y las entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la protección de personas vulnerables o en riesgo de exclusión.

Esta norma es de especial interés para aquellas fundaciones y asociaciones de ámbito estatal; es decir, aquellas cuya actividad se desarrolla en el territorio de más de una comunidad o ciudad autónoma.

Para acceder a este estatus oficial, las organizaciones deben cumplir con rigurosos requisitos que garantizan su profesionalidad, tales como acreditar una trayectoria mínima de cinco años, solvencia económica mediante cuentas auditadas y un compromiso social a través de planes de igualdad y sistemas de gestión de calidad. Como contrapartida, el reconocimiento otorga diversos derechos y beneficios, destacando el uso de un distintivo oficial de entidad colaboradora, una interlocución preferente con el Estado y la posibilidad de disfrutar de medidas de simplificación administrativa en futuros procedimientos de subvenciones. Este modelo de colaboración se complementa con obligaciones de transparencia y supervisión que se establecen expresamente en el texto de la norma.

El grueso del Real Decreto comenzará a aplicarse el 2 de enero de 2027.

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