Para coordinar esta estrategia legal frente a lo que consideran un incremento "unilateral del 100 %" en los costes del paso, las corporaciones se constituirán este próximo lunes, 20 de julio, en una Mesa de Trabajo Institucional de urgencia en la localidad sevillana de Osuna, según han informado en un comunicado conjunto.

El conflicto se originó durante la pasada romería, cuando la empresa adjudicataria de la concesión del cruce del río duplicó los precios habituales para el tránsito de peregrinos y carretas.

Eludir la responsabilidad fiscalizadora

Posteriormente, el pasado 30 de junio, el Consejo de Administración de la APS acordó inadmitir el recurso de reposición presentado de forma unificada por las hermandades, una decisión que, según los afectados, elude la responsabilidad fiscalizadora de los precios y los aboca a la vía contencioso-administrativa del alto tribunal andaluz.

Para afrontar el litigio, los representantes de las hermandades mantendrán una reunión previa con el despacho Morán & Ortíz Abogados.

El equipo jurídico evalúa un recurso ante el TSJA basado en la presunta falta de justificación económica de las tarifas, el abuso de posición dominante -al tratarse de un monopolio natural que opera como "facilidad esencial"- y la supuesta vulneración del principio de buena administración por haber ignorado las medidas cautelares de suspensión solicitadas.

Barreras contra un BIC

Por otro lado, las corporaciones rocieras han iniciado una ofensiva institucional y política, al defender que el Camino del Rocío está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y que el encarecimiento actúa como una barrera económica contra esta tradición.

Con este motivo, han cursado invitaciones para el encuentro del lunes al alcalde de Coria del Río, Modesto González; así como a las consejeras de Cultura, Turismo y Deporte, Patricia del Pozo; y de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, competentes en patrimonio etnográfico y control de prácticas de mercado, respectivamente.

"No vamos a permitir que se asfixie económicamente una tradición centenaria y protegida por ley a costa del lucro injustificado de una concesión de dominio público", han advertido.