Cinco años después de la retirada a toda prisa de Estados Unidos, Afganistán es un espacio cerrado bajo un régimen político de naturaleza teocrática que somete a las mujeres a un sistema de marginación y explotación, un apartheid de género. Su control sobre el país es sólido, consolidada la alianza entre quienes se hicieron con el poder sin apenas resistencia y los señores de la guerra, cabecillas locales con milicias propias cuyo principal ingreso es el cultivo de la amapola de opio. Un sistema político que saca provecho de una catástrofe humanitaria que no pudieron paliar ni la desesperada operación de huida de miles de personas en el aeropuerto de Kabul ni la acción de las oenegés a escala internacional.

Con el correr del tiempo, y a despecho de esta realidad injustificable, los talibanes han acumulado cierto grado de valor estratégico. Rusia ha reconocido el régimen para disponer de un observatorio a las puertas de Oriente Próximo, y la Unión Europea ha pasado por el trance de recibir a una delegación talibán para gestionar la expulsión de ciudadanos afganos considerados peligrosos para su seguridad de una veintena de países. Es desorbitado sostener que tales episodios tienen valor de legitimación.

Es obvio, sin embargo, que entrañan un cierto grado de aceptación en nombre de la realpolitik. Algo que, por lo demás, es un triunfo reseñable para los talibanes, que carecen de un sistema convencional de intercambios comerciales y han situado a Afganistán en el puesto 181 del índice de desarrollo humano, equivalente a la pobreza extrema. Todo esto hace que siga siendo vigente en la comunidad internacional la lógica impresión de que la intervención en Afganistán de Estados Unidos con posterioridad al 11-S, la expulsión de los talibanes y la trabajosa articulación de un sistema político renovado, muy visible en la capital, apenas penetró en el resto del país y fue poco más que un espejismo sin arraigo en las provincias.

A la larga favoreció la recuperación de los cuadros talibanes instalados en Pakistán y su capacidad operativa, algo que analistas de diferentes administraciones de Estados Unidos y de instituciones independientes advirtieron con harta frecuencia que podía suceder. El estupor por la ocupación de Kabul por los talibanes en agosto de 2021 no fue más que la confirmación de un gran fracaso.

Estados Unidos se ha acomodado a convivir con las consecuencias de la evacuación ordenada por el presidente Joe Biden y en Europa se ha instalado la convicción de que la vulneración sistemática de los derechos humanos en Afganistán, de forma especial y singular los de las mujeres, es un baldón sin remedio que Occidente conlleva.

Afganistán ha dejado de ser un dossier permanentemente abierto y solo muy de tarde en tarde se alza alguna voz para recordar que la victoria talibán fue y es una gran derrota universal. Pero ni siquiera las estadísticas más lacerantes son capaces de alterar las actitudes más acomodaticias: 2,4 millones de niñas han visto negado desde 2021 el acceso a la educación secundaria. Es obvio que el compromiso moral mínimo con las víctimas de un régimen espurio quedó en segundo plano en el mismo momento en que se las abandonó a su suerte.