La última avalancha de jóvenes que tratan de entrar en la UE por la frontera de Ceuta y Melilla es el resultado de un cúmulo de despropósitos que, sin dejar de denunciar la gravedad de lo ocurrido y la responsabilidad del Gobierno en el control de las fronteras, no permiten análisis superficiales. De entrada, estamos ante lagunas graves en la inteligencia española o en el procesamiento de la información por parte de los ministerios de Interior y de Exteriores. Esa masa de gente no aparece en Ceuta y en Melilla de la noche a la mañana y su desplazamiento debería haberse detectado antes y exigir a las autoridades del reino de Marruecos que cumplan sus compromisos en lo que se refiere al control de las mafias que organizan esos movimientos masivos, estafando a estos jóvenes y lanzándolos a una expedición que acaba con su vida, como ha ocurrido en esta ocasión nuevamente. El ministerio del Interior no ha estado a la altura, bien porque no recibió información de inteligencia o bien porque la valoró erróneamente. Y el de Exteriores sigue más pendiente de su protagonismo político llamando a consultas al embajador italiano por un tuit de la presidenta Meloni y no a la embajadora de Marruecos por lo que está ocurriendo.

Pero esta avalancha llega en un contexto muy concreto marcado por dos decisiones de las instituciones españolas. En primer lugar, el proceso de regularización que ha impulsado el Gobierno de España que, aunque responde a una demanda de la sociedad y de las empresas, se ha ejecutado con un barniz ideológico que no hace otra cosa que alentar episodios como el de estos días en Ceuta y Melilla, como antes lo había hecho en Canarias o Baleares. Es más por el relato que se hace que por el hecho en sí. En segundo lugar, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha sido utilizada por las mafias de la inmigración para lanzar a esos jóvenes al mar, ya que considera que las devoluciones solo tienen validez legal en el caso de que los inmigrantes hayan superado ilegalmente alguna barrera física en la frontera, detalle que ha sido interpretado como que el acceso desde el mar podía no comportar una devolución automática. Sea por la exquisitez de unos magistrados o por el uso torticero por parte de los mafiosos, el hecho es que este tipo de planteamientos excesivamente garantistas no ayudan tampoco a controlar la situación.

Y todo ello no se puede aislar del trilema que tiene encima de la mesa la Unión Europea que, por un lado, necesita acoger inmigrantes para mantener su capacidad productiva y su Estado del bienestar; por el otro convive con un creciente rechazo de esas personas por parte de los partidos directamente xenófobos, pero también por los que simplemente defienden el orden social y en tercer lugar es incapaz de generar un marco de desarrollo económico que reduzca el diferencial de renta entre personas que viven a menos de 14 kilómetros de distancia. La falta de una dirección política proactiva que resuelva las contradicciones entre estos tres vectores nos lleva a una situación meramente reactiva que no hace más que ahondarlas, anunciando al mismo tiempo regularizaciones y la creación de centros de exclusión en los países limítrofes y dejando la situación en manos de las mafias por un lado y de los extremistas por el otro. Un cúmulo inaceptable de despropósitos.