[IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, MÉXICO, SciDev.Net] Los subsidios directos, por sí solos, no alcanzan para mejorar la gobernanza de la pesca, según un estudio sobre un programa pionero en México que encontró que ampliar estos apoyos permitió llegar a más beneficiarios, pero coincidió con una menor capacidad del Estado para combatir la pesca ilegal y el crimen organizado.

Para las autoras del estudio —que se publicará en octubre en Marine Policy—, el caso mexicano muestra un desafío común de las políticas públicas: cómo ampliar la cobertura de los apoyos sin debilitar las instituciones encargadas de administrar y vigilar el sector, por lo que otros países con grandes flotas pesqueras artesanales podrían beneficiarse del análisis.

El estudio analizó la transformación de la política de subsidios pesqueros entre 2014 y 2024, cuando Propesca —un programa focalizado con requisitos técnicos y de capacitación— fue reemplazado por Bienpesca, un esquema de transferencias directas no condicionadas equivalente a unos US$ 390 anuales, que casi cuadruplicó los beneficiarios.

“Es muy importante decirlo: [Bienpesca] es el primer programa a nivel mundial donde alguien se lanza y dice, ‘¿Por qué le estamos dando a unos y a otros no? Hay que darles a todos.’ Se trata de un asunto de igualdad y eso es bueno para el sector”, señaló a SciDev.Net Dora Ramos Muñoz, investigadora del Colegio de la Frontera Sur y una de las autoras del análisis.

“Creo que de las cosas positivas que tiene este programa es que está considerando a todas estas personas que trabajan en la cadena de suministro, desde la mujer que ayuda a preparar la carnada, sube las redes, baja el pescado, lo separa, lo filetea, hace antojitos, los vende”. Alma Oliveto Andrade, especialista en manejo de datos, Colegio de la Frontera Sur, México

Sin embargo, la investigación reveló que el aumento de beneficiarios durante el decenio analizado coincidió con un recorte presupuestario de 25 por ciento a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), órgano responsable de diseñar y conducir las políticas públicas del sector, y al cual pertenece Bienpesca.

Ramos Muñoz aclaró que no están contra el incremento en 280 por ciento de los beneficiarios, pero si paralelamente no se aumenta el presupuesto, “entonces tienes que recortar todo lo demás”.

Bienpesca se expandió a los 17 estados costeros, donde se concentra más del 90 por ciento de la actividad pesquera e implicó también retirar 11 de 12 programas complementarios, constataron las autoras.

Catalina López Sagástegui, directora del Programa de Investigación Marina del Instituto de las Américas, quien no participó en el trabajo, comentó a SciDev.Net que algunos de esos instrumentos —como apoyos al combustible o ampliación de flotas— eran perjudiciales porque podían incentivar la sobrepesca.

No obstante, el estudio subraya que otros programas suprimidos atendían funciones clave, como ayudar a combatir la captura ilícita y el crimen organizado que, de acuerdo con una encuesta previa, figuran entre las mayores preocupaciones de los pescadores mexicanos.

“El problema de la pesca ilegal se mantiene y queda ahora en manos de los pescadores atender todos estos retos”, explicó a SciDev.Net Alma Oliveto Andrade, especialista independiente en manejo de datos y autora principal del estudio.

Conapesca respondió a SciDev.Net por correo electrónico precisando que el programa no tiene relación con tareas de monitoreo y vigilancia y que el apoyo económico se entrega “sin condicionarlo al cumplimiento de buenas prácticas pesqueras”.

Las diferencias también se hicieron evidentes en la distribución de los apoyos entre los estados. Aunque Bienpesca prioriza comunidades indígenas y con altos niveles de marginación, el estudio encontró que esos criterios no se reflejaron de manera consistente en la asignación de los subsidios.

Por ejemplo, pese a reunir tales características, el estado de Oaxaca registró un crecimiento de beneficiarios mínimo respecto al que tenía con Propesca. En contraste, Tabasco  —que carece de una población indígena significativa— pasó del duodécimo lugar nacional al tercero en número de beneficiarios.

Según Conapesca, esto se debe a que la prioridad hacia comunidades indígenas y de alta marginación opera únicamente para personas dedicadas a la pesca y la acuacultura, la población objetivo del programa. Por ello, “la cobertura puede no ser directamente proporcional a los índices de marginación o a la presencia de población indígena en cada estado”.

Un caso llamativo fue Guerrero, donde el número de beneficiarios superó incluso al de pescadores registrados oficialmente ante la Conapesca: la cobertura alcanzó el 109 por ciento del padrón.

“Lo que es muy raro es que hay casos con 47 por ciento. Es decir, hay estados que claramente han recibido de más y hay otros que no han recibido ni siquiera cercanamente a lo que tenían en su lista de personas”, advirtió Ramos Muñoz.

Para las autoras, parte de estas diferencias se explica porque el censo de Bienpesca fue elaborado por los Servidores de la Nación, personal sin formación especializada ni metodología estandarizada, que recorrió las comunidades para registrar a quienes se identificaban como integrantes de la cadena pesquera.

Las diferencias en la implementación del programa también se reflejaron en la mayor incorporación de mujeres a los subsidios. Al haber incluido a quienes desempeñan labores históricamente invisibilizadas, las beneficiarias femeninas pasaron de 14 por ciento en Propesca a 22 por ciento en Bienpesca.

“Creo que de las cosas positivas que tiene este programa es que está considerando a todas estas personas que trabajan en la cadena de suministro, desde la mujer que ayuda a preparar la carnada, sube las redes, baja el pescado, lo separa, lo filetea, hace antojitos, los vende”, afirmó Oliveto Andrade.

Sin embargo, ese incremento tampoco fue homogéneo entre estados. Mientras algunos registraron aumentos importantes en la participación femenina, otros permanecieron prácticamente sin cambios o incluso retrocedieron, como sucedió con Yucatán, pese a su robusta infraestructura pesquera y al fuerte crecimiento de beneficiarios.

“Esas diferencias no dan evidencia de un programa que fuera sistemáticamente ejecutado. ¿De verdad la pesca yucateca no tiene mujeres? ¿O es más bien que en Yucatán lo implementaron de una manera, pero en Guerrero, que tiene muchas mujeres, lo implementaron de otra?”, cuestionó Ramos Muñoz.

Por su parte, la Conapesca las atribuyó a “los factores y dinámica regional de la actividad en cada entidad”, que derivan en una mayor o menor participación de mujeres entre las personas beneficiarias.

Para López Sagástegui, uno de los principales aportes del estudio es que abre la puerta a una discusión más amplia sobre el diseño de políticas pesqueras.

“Es una invitación a que sigamos analizando el impacto que todo este tipo de políticas y uso de fondos públicos tiene no solo sobre los recursos sino sobre las comunidades”, dijo.

A la luz de los hallazgos, las autoras recomiendan la reintroducción de subsidios indirectos específicos, mayor transparencia en los procesos de registro y supervisión participativa a través de mecanismos de monitoreo ciudadano.

Ramos Muñoz considera que esa discusión va más allá del caso mexicano. Indonesia o Filipinas, por ejemplo, podrían beneficiarse de esquemas similares.

“Les diría que el reto de universalizar es que justamente requiere de una sofisticación en la ejecución y que deberíamos aspirar a hacer más cosas con las instituciones que ya tienen experiencia”, afirmó.

Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net