Cada día que pasa aumenta la confusión en Ceuta sobre la salida a la situación actual, en la que, además de mantener a la ciudad en una situación de inseguridad y de angustia ante el riesgo de epidemias como la sarna que ya ha afectado a miembros de las fuerzas armadas, no se tienen noticias de cómo el Gobierno va a proceder para llevarla de nuevo a la normalidad. Los ciudadanos evitan playas y enclaves ciudadanos por los que deambulan los emigrantes y la infancia está recluida en las viviendas. Ante una situación que es calificada por el gobierno de la ciudad como de inacción por parte del Gobierno central, que se ha limitado a cursar visitas de los ministros más relacionados con la crisis sin que ello suponga ninguna vuelta a algo parecido a la normalidad, va aumentando día a día y de forma progresiva la tensión entre ambas administraciones. El próximo inicio de las actividades escolares aumenta la preocupación dado que los edificios educativos deberán volver a sus usos habituales. La instalación de carpas para 1.500 ampliables a 4.000 anunciada por Elma Sáiz, la ministra de Migraciones, agudiza el temor de los ceutíes a una prolongación indefinida de la ocupación de la ciudad. La visita de la ministra de Sanidad, de la que depende el hospital de la ciudad, ha sido cualquier cosa menos tranquilizante pues, en contradicción con las quejas de los médicos denunciando la situación de colapso, ha rechazado esta calificación, aceptando solamente una situación tensionada de los servicios sanitarios. Sus declaraciones relacionando los problemas de inseguridad y delincuencia alegados por colectivos ceutíes con posiciones xenófobas han indignado a las fuerzas políticas de la ciudad: «Lo siento (sic), pero esas actitudes son xenófobas», ha dicho la ministra con plenas competencias sanitarias tras su primera visita desde la invasión.

La confusión se desprende de las actuaciones de Interior, que ha cifrado en, al menos, 2.168 los menores no acompañados, que se devolverán a Marruecos, y de Exteriores, cuyo responsable, el ministro Albares, proclamó de forma enfática, que «hasta la última persona entrada ilegalmente, será devuelta a Marruecos», con las declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que afirmó que «es una obligación política y legal atender a los menores que están solos». También que trabajan en distintas vías, entre ellas «el acogimiento institucional». Para ello, la ministra ha convocado el 27 de agosto a los consejeros autonómicos a la conferencia sectorial para hablar del reparto de los menores entre las autonomías. Los consejeros de Vox, ya han anunciado su no asistencia, mientras los del resto de autonomías con consejeros del PP ha acordado asistir como observadores. Cataluña y País Vasco ya han expresado su rechazo a recibir menores en sus comunidades. Lo cierto es que es como mínimo discutible que un Gobierno incapaz de asegurar las fronteras del país, de las que es constitucionalmente responsable, pretenda obligar a las autonomías a hacerse cargo de los menores que las han franqueado ilegalmente; especialmente cuando la capacidad de acogimiento está en todas ellas desbordada.

La confusión va aumentando al constatarse la divergencia entre los ministros que aseguran la devolución de todos los inmigrantes a Marruecos, incluyendo a los menores no acompañados, Albares y Marlaska y los que, como Sira Rego afirman estar preparando trasladar a 500 menores a la península. Por si fuera poco, a todo este desaguisado se le añade el pronunciamiento del portavoz de la UE que exige la devolución de todos los emigrantes que entraron en Ceuta a Marruecos. El portavoz agrega que la legislación europea, que prevalece sobre la legislación de cada país, aprobada el pasado junio permite la devolución de todos los ilegales a su país de origen. La confusión está servida por cuanto esa legislación española, la ley de extranjería, impone una actuación individualizada que suponga devolver a cada menor a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unas instalaciones de acogida en el país de retorno. Las dudas no solamente afectan a los menores. Tanto Marlaska como Albares como el portavoz de la UE, afirman que todos deberán ser devueltos a Marruecos. Este país se ha comprometido a aceptar a sus nacionales, pero nada se ha dicho de los subsaharianos, que pueden provenir de Sudán, un país en guerra, Senegal o Nigeria. En principio, la normativa vigente obliga a instruir procedimientos individualizados de acuerdo con las leyes internacionales de asilo. Nadie del Gobierno ha sido capaz de esclarecer cuáles van a ser los pasos a seguir y su duración en el tiempo hasta que se restablezca la normalidad en Ceuta.

La impresión que se desprende de las declaraciones de los ministros y de la actuación del Gobierno, es que éste está sobrepasado, desbordado por los acontecimientos y sumido en la impotencia. El Gobierno sobrevive un día más a la agonía de unos acontecimientos que lo bambolean y frente a los cuales no aporta soluciones sino contradicciones entre sus miembros. Ya decía Séneca que no hay viento favorable para un barco sin rumbo. Ese barco es el Gobierno. Un Gobierno cuyo presidente, en vez de tomar las riendas de la situación en Ceuta y decidir medidas efectivas con un gabinete de crisis para aliviar la tensión, tuvo la desvergüenza de largarse de vacaciones a Lanzarote al día siguiente de la invasión a disfrutar de la residencia real de La Mareta, obsequio de Hussein de Jordania a JCI, transferida a Patrimonio, y publicar videos recomendando libros, canciones y poesía. La impresión que traslada no sólo es de dejadez y ausencia absoluta de responsabilidad. La negativa de los ministros a comparecer ante las citaciones del Senado, impuesta por Sánchez, es otra muestra de desprecio a las instituciones. Que el Senado esté controlado por el PP no desvirtúa en absoluto sus funciones institucionales, también representa la soberanía popular, y el argumento de las comparecencias a finales de agosto ante el Congreso se desmorona ante una crisis de vulneración de la soberanía territorial de las dimensiones que se están produciendo en Ceuta, cuya vulnerabilidad ha quedado evidente. Desde el 31 de julio pesa amenazador sobre ella el negro presagio de dejar de ser española si se le pasa por las mientes al Comendador de los Creyentes.

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