El Pleno de la Corporación municipal de Priego ha aprobado, únicamente con los votos del PP, la expropiación del número 11 del Caño de los Frailes para constuir un mirador al paraje de La Joya. Un expediente que ha generado una gran controversia en los últimos años porque afecta a una servidumbre de paso y está sujeto a un largo litigio judicial entre propietarios.

La presidenta del Área de Urbanismo, Marta Siles, defendió la actuación del Ayuntamiento argumentando que se trata de una actuación asistemática, como así se recoge en el PGOU aprobado en el año 2016 y que ya aparecía en el Plan Especial de Protección del Centro Histórico desde el año 2001. Documento este último en el que, según la edil, "se contemplaba que este suelo debía convertirse en un espacio libre de uso público, ligado a lo que es el huerto de San Francisco". Además, las normas subsidiarias y las normas del Plan Especial de 2001 ya recogían "su potencialidad como mirador público sobre el paraje de La Joya y, sobre todo, por el muro de piedra catalogado situado en esa misma calle", insistió la concejala.

El solar en su conjunto tiene 307 metros cuadrados y cuenta con una pequeña construcción de 50 metros, siendo el valor estimado del inmueble 108.326 euros, que se elevarían a 119.158,7 si los propietarios estuvieran de acuerdo con este precio y no tuviera que acudirse a la comisión de valoración.

Durante su exposición, Siles precisó que "no se trata de una idea del equipo de gobierno, sino que es un procedimiento que está perfectamente reglado, un procedimiento que tiene unos plazos y unas garantías que están fijadas por ley". La concejala aseguró que no se trata, por tanto, de algo "que se haya decidido ahora, ni de prisa ni corriendo", añadiendo que está ejecutándose ahora "porque lo marca el planeamiento vigente". La presidenta de Urbanismo recordó que, como marca la ley, "la manera de obtener los suelos fijados en las actuaciones asistemáticas es mediante expropiación, aunque la palabra pueda sonar un poco fuerte".

Un momento del pleno celebrado por la Corporación de Priego. / R.C.C.

En cuanto a los argumentos de la oposición, la portavoz de IU, Vanesa Tauste, señalaba que no estamos ante una expropiación "sino ante un rescate en toda regla, y no de un banco, sino de una familia con una sentencia firme en contra", llegando a definir la postura del equipo de gobierno como una "presunta prevaricación, porque prevaricar es dictar una resolución injusta a sabiendas de que se beneficia un particular y se perjudica otro".

Por su parte, el portavoz de Vox, Santiago Martínez, añadía si el Tribunal Supremo les da la razón a los afectados, "yo no voy a ser el que lleve la contraria", mientras que Marina Higueras, por el PSOE, recordaba la existencia de una sentencia firme que afecta directamente a la parcela y, concretamente, a la red de saneamiento, cuya restitución ha sido ordenada judicialmente". Sentencia que, según Higueras, "el Ayuntamiento conoce perfectamente", por lo que solicitaba al equipo de gobierno que, antes de aprobar esta propuesta "aclaren cómo se compatibiliza la expropiación que ahora se pretende iniciar con la obligación de ejecutar una sentencia firme". Los socialistas consideran que la expropiación "no puede convertirse en una vía para hacer desaparecer, modificar o dejar sin efecto material una obligación establecida por los tribunales".

Cerraba el turno de intervenciones el alcalde, Juan Ramón Valdivia, que ponía de manifiesto que lo que está haciendo el Ayuntamiento con este expediente "es cumplir con una obligación", afirmando que durante el debate "se ha hablado con mucha ligereza de los asuntos jurídicos y de prevaricación, siendo la única causa de prevaricación por parte del equipo de gobierno que teníamos cinco años para iniciar este expediente que se aprobó en 2016 y que estamos en 2026 y no lo hemos hecho".