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El precio de la gasolina seguirá subiendo y la gente lo sabe: así lo evidencian las colas en las gasolineras. Ya es cara, pero mañana lo será aún más. El barril de Brent se paga a 106 dólares y continúa al alza. Desde el inicio de la guerra contra Irán, a principios de marzo, acumula un incremento del 42%. Tanto ese conflicto como el de Ucrania parecen llamados a prolongarse. Algo similar, o incluso peor, ocurre con el gas, cuyas reservas son muy bajas de cara al próximo invierno.

Como es lógico, todo ello está repercutiendo en la inflación, que podría cerrar el año en niveles cercanos al 5%. En agosto se situó en el 4,3% y en septiembre será aún más elevada. Ante este escenario, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, muestra una gran preocupación. Todo apunta a un cambio de ciclo, mientras el poder adquisitivo de la clase media trabajadora –especialmente el de las rentas más bajas– seguirá deteriorándose. En año electoral, esto no favorece a los partidos que sostienen al Gobierno. La receta para amortiguar el impacto vuelve a ser la habitual: ayudas y subvenciones, como ya hizo su antecesora Nadia Calviño al afirmar que “no dejaremos de acompañar y apoyar a las familias ante las subidas”.

Es un error, como señala el economista Amadeo Petitbò, expresidente de Competencia: “Las
subvenciones casi nunca resuelven problemas
de fondo”. De hecho, las aprobadas al inicio del conflicto armado ya han quedado absorbidas
por los últimos incrementos de precios. El vice-presidente Cuerpo actúa más como un político
en campaña electoral que como un técnico riguroso e independiente, preocupado por la sostenibi- lidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo.

La ortodoxia económica sostiene que los bienes y servicios deben pagarse por lo que cuestan. La primera lección es que nada es gratis: las ayudas y subvenciones siempre las termina pagando alguien. Si los combustibles se encarecen, debe ser el mercado quien ajuste la oferta a la demanda; a mayor precio, menor consumo. El ahorro energético es la medida más barata y, además, la más ecológica. Si mientras los combustibles están disparados hay que viajar en transporte público, bienvenido sea. Quizá esta situación acelere el uso de energías renovables, objetivo que todos dicen perseguir frente al cambio climático.

Si, por el contrario, el Gobierno asume parte de la subida con dinero público, solo conseguirá aumentar nuestra ya abultada deuda. En la práctica, trasladará el encarecimiento de la factura energética a las futuras generaciones, algo difícilmente solidario. Además, con subvenciones generalizadas el consumo no se frena: la sociedad seguirá comportándose como cuando la gasolina era barata.

Distinto es el caso de la subvención al gasóleo profesional para transportistas, agricultores o pescadores. Su objetivo es evitar una inflación de segunda ronda: si aumentan los costes de los productores, estos los trasladan a los precios y los trabajadores reclaman subidas salariales. Puede entenderse, siempre que no se olvide que la meta debe ser sustituir el gasóleo por energías menos contaminantes.

Naturalmente, habrá que atender la pobreza energética. Pero no debe hacerse rebajando precios de forma generalizada, sino mediante ayudas específicas, como ya ocurre con el recibo de la luz. Los españoles deben comprender que el aumento de la factura energética nos empobrece y nos obliga a apretarnos el cinturón.