El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería Rodrigo Sánchez ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que apruebe "de manera inmediata" un plan integral de restauración y prevención para Los Gallardos, Bédar y el conjunto de la comarca del Levante almeriense, dotado de presupuesto y un calendario concreto de actuaciones para recuperar el territorio afectado por los incendios y prevenir nuevos riesgos.

Sánchez ha advertido de la urgencia de intervenir antes de que lleguen las lluvias sobre unos terrenos en los que permanecen suelos quemados, cenizas y ramblas que pueden recibir fuertes escorrentías. "Hay que proteger los suelos y los cauces, construir fajinas, retirar los árboles que sean peligrosos y evitar que el incendio forestal se convierta en una segunda emergencia por erosión, arrastres o inundaciones", ha reclamado.

El parlamentario socialista ha defendido que estas actuaciones deben acometerse "ahora, no dentro de dos años" y deben incluir igualmente a los montes privados, contemplar ayudas y beneficios fiscales para sus propietarios, así como convenios de colaboración que permitan desarrollar trabajos de restauración y avanzar en la reforestación con especies autóctonas.

Junto a estas medidas, Sánchez ha reclamado reforzar de forma permanente los medios de prevención y extinción en el Levante almeriense mediante la creación de un Centro de Defensa Forestal en Bédar para 2028 y, hasta su puesta en funcionamiento, establecer en el municipio una dotación permanente formada por un retén de siete especialistas y un camión autobomba.

Asimismo, ha defendido una equiparación presupuestaria al 50% entre extinción y prevención y un plan de choque con un mínimo de diez millones de euros por provincia para los montes públicos y otros diez millones en ayudas directas y simplificadas destinadas a la gestión de los montes privados. A estas actuaciones ha añadido el apoyo a la ganadería extensiva, la protección de las zonas de interfaz urbano-forestal y la puesta en marcha del plan de la tortuga mora con base en Bédar.

Sánchez ha recordado que alrededor del 70% del territorio almeriense es forestal y que más de 420.000 hectáreas se encuentran en manos de propietarios privados, por lo que considera imprescindible incorporar estos terrenos a cualquier estrategia eficaz de prevención y restauración.

El parlamentario ha censurado que, tras los incendios registrados en los últimos años en la provincia, la Junta no haya materializado "un plan estructural de prevención, restauración y adaptación que transforme de verdad el territorio afectado". "No preguntamos por los anuncios ni por los millones presupuestados. Preguntamos dónde están las actuaciones sobre el terreno en Almería", ha señalado.

En este sentido, ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla de haber dejado sin ejecutar 372 millones de euros destinados a prevención durante 2023 y 2024 y casi otros 200 millones en 2025. También ha contrapuesto el porcentaje de incendios que quedaron en conato en Almería en 2016, cercano al 84%, con el 64% registrado en 2026, una diferencia que considera especialmente preocupante en una provincia "especialmente vulnerable".

El parlamentario socialista ha defendido, además, que la Junta reclame judicialmente responsabilidades a las compañías responsables de tendidos eléctricos cuando estos originen incendios y que las posibles indemnizaciones reviertan íntegramente en la restauración de las comarcas afectadas.

Por su parte, el senador por el PSOE de Almería Antonio Martínez ha puesto en valor el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales aprobado por el Gobierno de España, que ha considerado "un paso muy importante" para atender las consecuencias económicas y materiales que sufren las personas afectadas.

"No basta con apagar las llamas. Hay que proteger el empleo, a los autónomos, a las empresas y, sobre todo, a las familias que han perdido parte de su vida", ha defendido Martínez.

El senador socialista ha explicado que las medidas permiten que las personas trabajadoras que tengan que abandonar temporalmente su empleo para cuidar de sus hijos o familiares, recuperar su vivienda o afrontar directamente las consecuencias de la emergencia puedan acceder a una prestación extraordinaria equivalente al 70% de la base reguladora durante un máximo de cuatro meses, además de contar con protección frente al despido como consecuencia del ejercicio de estos derechos.

El Real Decreto-ley contempla también protección para los autónomos que hayan tenido que cesar total o parcialmente su actividad a causa de los incendios, mediante el acceso a la prestación por cese de actividad, y pone a disposición de las empresas afectadas los ERTE y exoneraciones de cotizaciones para evitar que una situación temporal termine traduciéndose en despidos o cierres definitivos.

Martínez ha destacado igualmente las medidas destinadas a reducir la burocracia para quienes hayan perdido documentación, necesiten acreditar los daños sufridos o tengan que afrontar procedimientos administrativos o judiciales como consecuencia de los incendios.

"Esto es gobernar cuando las cosas se ponen difíciles, estar al lado de los afectados, de las familias y del tejido social y económico", ha afirmado.

Finalmente, el senador socialista ha reclamado a la Junta que asuma sus propias responsabilidades en materia de prevención, gestión de emergencias y restauración. "Desde el Gobierno de España se protege el empleo, a los autónomos, a las empresas y a las familias y se reduce la burocracia. La pregunta ahora es qué va a hacer la Junta de Andalucía y qué va a hacer Moreno Bonilla con las competencias que le corresponden", ha concluido.