El Ministerio Público (MP) solicitó este jueves 10 de septiembre el sobreseimiento del proceso penal contra cuatro exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, capturados por las manifestaciones del 2023, cuando se desarrollaron protestas en defensa de los resultados electorales que dieron la victoria presidencial a Bernardo Arévalo.

La Fiscalía pidió cerrar el proceso contra Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc, al considerar que las acciones por las cuales fueron acusados no constituyen delito.

El MP solicitó al juez dictar sobreseimiento a favor de Pacheco y Chaclán por los delitos de asociación ilícita, terrorismo y obstaculización a la acción penal.

También pidió el cierre del proceso contra Toc por asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia, y contra Puac por asociación ilícita, sedición, obstaculización de la acción penal y obstrucción de justicia.

La petición fue presentada durante la audiencia de etapa intermedia, que se desarrolla en la sala de vistas del Organismo Judicial y está a cargo del juez Mynor Moto.

El MP sostuvo que un informe técnico especializado de la Secretaría de Pueblos Indígenas, incorporado al proceso, modificó el panorama probatorio sobre el cual se habían presentado las acusaciones.

Según la argumentación de la Fiscalía, el análisis determinó que la organización de los 48 Cantones de Totonicapán es una institución de carácter comunal reconocida y amparada por el artículo 67 de la Constitución Política de la República de Guatemala y por los artículos 5 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El MP argumentó que las actuaciones de los procesados ocurrieron dentro del sistema de cargos de la organización comunal y que las movilizaciones fueron acordadas por la Asamblea General de los 48 Cantones.

La Fiscalía indicó que, al considerar que la organización responde a un sistema de derecho constitucional y no a una estructura delictiva, carece de sustento mantener algunos de los delitos atribuidos a los sindicados.

También señaló que el nuevo análisis técnico permite considerar las manifestaciones como parte del ejercicio de la libertad de reunión pacífica y que no existen elementos para atribuirles naturaleza criminal por su participación en las protestas.

Como consecuencia del nuevo análisis, el Ministerio Público pidió modificar sus requerimientos y desistir de las solicitudes de apertura a juicio presentadas contra los cuatro exdirigentes.

Según lo expuesto en la audiencia, las acusaciones habían sido presentadas en distintas fechas: el 24 de junio del 2025, el 5 de enero del 2026 y el 15 de abril del 2026.