La Policía Nacional Civil (PNC) adjudicó por Q40 millones 77 mil 500 la compra de 50 mil granadas y proyectiles antidisturbios a Tactical Group, S. A., única empresa que presentó una oferta en la licitación.

La Junta de Licitación resolvió por unanimidad adjudicar la compra a esa empresa. En el acta también señala que la junta intentó verificar y comparar los precios de los productos con otras empresas del mercado nacional; sin embargo, estas manifestaron que no contaban con las granadas y proyectiles.

“Dichas empresas manifestaron no contar con tales insumos, por ende, a esta Junta de Licitación, no le fue posible analizar y comparar los precios del oferente”, indicó.

La PNC compró cinco mil granadas de distracción, 15 mil granadas de gas lacrimógeno de triple acción, 10 mil granadas de humo blanco, 10 mil proyectiles de gas lacrimógeno de 37/38 mm y 10 mil proyectiles de humo blanco del mismo calibre.

El expediente señala que la compra responde a requerimientos formulados por distintas comisarías y subdirecciones generales de la PNC, con el propósito de dotar a la institución de equipo que permita la interoperabilidad entre sus divisiones durante los operativos de prevención y combate de la criminalidad.

Registros de Guatecompras muestran que Tactical Group, S. A., ha sido uno de los proveedores del Ministerio de Gobernación durante el 2026. Antes de esta adjudicación acumulaba ocho adjudicaciones por Q69.75 millones, principalmente para suministrar equipo a la Policía Nacional Civil.

El contrato de mayor monto fue adjudicado el 13 de enero del 2026 por Q62.74 millones para suministrar cinco mil radios portátiles a la PNC.

También recibió adjudicaciones para proveer grilletes policiales, cinturones tácticos para nuevos agentes de la PNC y cascos protectores blindados para la Dirección General de Inteligencia Civil.

Registros de Guatecompras muestran que Tactical Group ha sido contratista del Estado y desde el 2009 acumula 167 adjudicaciones por Q573.06 millones.

La adjudicación de los cinco mil radios portátiles permanece bajo auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), luego de que, durante una citación de fiscalización en el Congreso, el diputado José Chic señalara un posible sobreprecio de hasta Q31 millones.