El desahucio de Maricarmen ha hecho desatar la indignación de miles de personas, que se han manifestado en varias ciudades de España, entre ellas Madrid, donde se han concentrado frente al polémico ático de Ayuso.

Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? Sandra Sabatés repasa la cronología de este dramático caso que se ha convertido en un símbolo de todo lo que está mal en la vivienda de nuestro país.

Maricarmen ha residido en la que, hasta hoy, ha sido su residencia durante 70 años. En 1956, su padre firmó un contrato de renta antigua, que no pudo firmar también su madre porque la regulación franquista lo impedía.

Sí pudo subrogarlo tras la muerte de su esposo, pero al morir la madre en el año 2005, Maricarmen solo pudo acceder a la subrogación durante dos años más, aunque sus condiciones de alquiler se mantuvieron hasta 2018.

Fue entonces cuando los antiguos propietarios vendieron el piso a la empresa Renta Corporación, que rechazó mantener el contrato, pero ofreció a Maricarmen comprar el piso por 247.000 euros, una cantidad que no podía asumir.

La situación de la inquilina se vuelve aún más insoportable en 2020, cuando su piso lo compra el fondo buitre Urbagestión, que le sube el alquiler hasta los 2.650 euros, una cantidad que supera con creces los 1.450 euros que ella percibe de pensión.

Todo se vuelve insostenible cuando, en 2023, el Tribunal Supremo le da la razón a la empresa. A partir de ahí se producen tres intentos de desahucio, el último paralizado a petición de la ONU. Finalmente, el cuarto ha sido el definitivo y Maricarmen ya no podrá volver a su hogar.

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