Vox ordenó este viernes, 31 de julio, a sus vicepresidentes en los gobiernos de Castilla y León, Andalucía, Aragón y Extremadura suspender las ayudas públicas a las organizaciones no gubernamentales que, a juicio de la formación, colaboren o favorezcan la inmigración irregular, tras la llegada masiva de migrantes registrada en las últimas horas en Ceuta.

Según fuentes del partido, la instrucción, coordinada entre los vicepresidentes Carlos Pollán, Manuel Gavira, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, establece la revisión «con carácter urgente e inmediato» de subvenciones, convenios y cualquier otra fórmula de financiación pública, directa o indirecta, con el objetivo de paralizar aquellas partidas que puedan beneficiar a entidades que, según el partido, «participan o dan cobertura a la entrada masiva e ilegal de inmigrantes por la frontera de Ceuta».

En el caso de Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, dio instrucciones a su departamento para revisar los convenios en vigor y los procedimientos en tramitación en su ámbito competencial. La decisión se produce después de que el también vicepresidente de la Junta reclamara esta tarde, a través de un mensaje en la red social X, «deportaciones masivas» y asegurara que Vox no contribuirá «de ninguna manera» a lo que calificó de «invasión migratoria» de Ceuta.

La formación sostuvo que esta medida responde al cumplimiento de los acuerdos de gobierno suscritos en las cuatro comunidades autónomas donde participa en los ejecutivos, en los que, según Vox, ya figuraba el compromiso de impedir que fondos públicos se destinen a organizaciones que promuevan o faciliten la inmigración ilegal.

En su comunicado, Vox atribuye la situación vivida en Ceuta a la política migratoria del Gobierno de España y justifica la decisión por «responsabilidad institucional» y en defensa de «la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial». Asimismo, asegura que ninguna administración en la que forme parte permanecerá «de brazos cruzados» ante la situación registrada en la ciudad autónoma.