Una guerra puede terminar sin resolver aquello que la precedió. Wes Streeting, secretario de Defensa del Reino Unido, parece haberlo olvidado cuando afirmó que la cuestión de las Malvinas “se resolvió en 1982”. En una entrevista con el diario británico The Sun, respondió al reclamo argentino con una advertencia militar: sostuvo que la Argentina carece de capacidad para tomar las islas y que Gran Bretaña, en cambio, puede defenderlas. Dijo que enviaría tropas ante un ataque.

Streeting reaccionó a las declaraciones de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y a las medidas anunciadas contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en el archipiélago. Alegó que Milei repite una queja escuchada “año tras año” e invocó la voluntad de los isleños de seguir siendo británicos. Así trasladó la discusión al terreno de una nueva guerra.

La Argentina reclama la reanudación de las negociaciones diplomáticas. Milei lo reiteró en la ONU al pedir una solución pacífica a la disputa de soberanía. Streeting contestó con una hipótesis militar y dejó sin respuesta el pedido concreto de sentarse a conversar.

Tampoco la victoria británica de 1982 cerró la controversia. Terminó la guerra desatada por la dictadura argentina, pero no el reconocimiento internacional de la disputa. La resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, había llamado a los dos gobiernos a negociar. Después de la guerra, la resolución 37/9 volvió a pedirles que reanudaran las conversaciones para alcanzar una solución pacífica. El Comité Especial de Descolonización reiteró ese llamado este año. Si el asunto estuviera resuelto, resultaría difícil explicar por qué Naciones Unidas insiste en que ambas partes negocien.

La apelación británica a la autodeterminación de los isleños forma parte de una posición conocida. La Argentina sostiene que se trata de un caso particular de descolonización y que deben tenerse en cuenta los intereses de quienes viven allí. Esa diferencia precede al discurso de Milei. En la ONU, Londres defendió además la explotación de hidrocarburos en las islas y calificó de legítima esa actividad, cuestionada por Buenos Aires.

El petróleo agregó una dimensión económica a una disputa que nunca desapareció. El gobierno argentino anunció medidas contra compañías que operan en la zona y el Reino Unido respondió que respaldará a esas empresas. Esta semana, el canciller Pablo Quirno ejerció el derecho a réplica en la Asamblea General después de que el primer ministro británico mencionara la cuestión Malvinas ante el organismo. La discusión involucra inversiones, recursos naturales y declaraciones al más alto nivel.

Por eso conviene escuchar con cuidado la frase de Wes Streeting. Nadie desconoce que el Reino Unido mantiene una presencia militar en el Atlántico Sur, sus propias autoridades la describen como permanente. Lo que el secretario presentó como una conclusión histórica, sin embargo, es apenas el resultado militar de 1982 convertido en argumento político. Cuarenta y cuatro años después, Londres puede afirmar que está en condiciones de defender el archipiélago.

Sigue pendiente su respuesta al llamado de Naciones Unidas a negociar su soberanía.