"Estoy indignada, de verdad. Le quitan la pensión a mi madre ¿y la culpa es suya? La mujer vende una casa para poder pagar una residencia que cuesta 3.000 euros al mes ¿y la conselleria le quita la pensión porque cree que se ha lucrado? A todo esto, mi madre desconoce por qué le han quitado la pensión, eso también tiene que quedar claro. Es todo un despropósito, pero vamos a pelear. Ya nos han concedido un abogado de oficio". Con esta contundencia habla Esther, la hija de Josefa, en respuesta a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia tras extinguir su derecho a percibir su pensión de jubilación no contributiva por "superar sus recursos económicos el límite establecido" de la ley general de la Seguridad Social.
"Estoy indignada, de verdad. Le quitan la pensión a mi madre ¿y la culpa es suya? La mujer vende una casa para poder pagar una residencia que cuesta 3.000 euros al mes ¿y la conselleria le quita la pensión porque cree que se ha lucrado? A todo esto, mi madre desconoce por qué le han quitado la pensión, eso también tiene que quedar claro. Es todo un despropósito, pero vamos a pelear. Ya nos han concedido un abogado de oficio". Con esta contundencia habla Esther, la hija de Josefa, en respuesta a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia tras extinguir su derecho a percibir su pensión de jubilación no contributiva por "superar sus recursos económicos el límite establecido" de la ley general de la Seguridad Social.

Josefa, de 80 años, y su hija Esther en la casa familiar. / JM LOPEZ / LEV
En la carta que recibió Josefa nadie explica en base a qué se superan los ingresos, aunque fuentes de conselleria explicaron a este diario que la Administración autonómica es una mera gestora ya que en las revisiones "se aplica la norma estatal y esta mujer ha recibido ingresos superiores a lo que establece el real decreto 357/1991. Le remitimos un requerimiento para que confirmara este dato y no respondió. Por ello se aplica el real decreto legislativo 8/2015 que establece la devolución de los fondos. Todo esto es competencia del Inserso y de la Seguridad Social. La normativa de aplicación no es competencia de la Generalitat Valenciana". De hecho, la conselleria "detectó un incremento en más de 22.000 euros en el año 2022 y rendimiento inmobiliario".
Esther y Josefa están indignadas. Josefa, de 80 años, afirma que ella no ha recibido "requerimiento alguno" y su hija no entiende cómo "la Administración manda un requerimiento a una mujer de 80 años que vive en una residencia y se desentiende si no le llega respuesta. La gente mayor no puede hacer gestiones online, no puede ir de oficina en oficina y, sobre todo, deben tener en cuenta que no es normal que alguien ignore una petición tan importante. Un requerimiento que tenga que ver con la pensión, y puede implicar que te la quiten, no debería ser un acto meramente administrativo que depende de una mujer de 80 años.
Madre e hija siguen dándole vuelta a qué ha podido ocurrir, mientras "se pelean" con los servicios sociales del Ayuntamiento de València (de Monteolivete y Natzaret) "a ver cuál de los dos nos da una cita cuanto antes para aclarar esta situación y para que concedan una ayuda compensatoria porque la han dejado sin nada" cosa que, de momento, no han conseguido. Mientras tanto Esther revisa papeles, contesta mensajes que le llegan por redes sociales y contacta con personas que la asesoran tras conocer la situación de su madre tras la publicación de Levante-EMV.
De ventanilla en ventanilla"Me han dicho que mi madre puede tener la obligación de presentar cada año la 'declaración anual del pensionista', o algo similar, cosa que a mujer no ha hecho nunca y que jamás le han requerido. Además, no es fácil notificar cualquier cambio a la Administración... no atienden sin cita previa, te dan hora para meses después, no cogen el teléfono, no contestan los correos electrónicos, tienes que ir de ventanilla en ventanilla... Mi madre estuvo dos años en una residencia, cobrando la ayuda de la dependencia para pagar parte de los 3.000 euros que cuesta al mes. Pero al parecer la residencia no la empadronó allí, y costaba empadronada aquí, donde yo también estoy ahora. Tal vez, eso también ha influido pero la conselleria sí sabía que estaba en una residencia, entiendo, porque le daban la ayuda para que estuviera allí. Mira, no sabemos qué pasa porque es que nadie nos lo explica tampoco", afirma Esther.
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Josefa y Esther temen, sobre todo, que la devolución de los casi 27.000 euros que deben ingresar en un plazo de un mes implique un embargo de la única vivienda que tiene la mujer a sus 80 años. "Le dan un plazo de un mes y un número de cuenta para que haga el ingreso. ¿Eso es normal? Yo de verdad que no doy crédito. Hemos solicitado abogado de oficio porque es un tema muy delicado, nos jugamos mucho y necesitamos hacerlo bien. Es todo un despropósito", concluye la hija.
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