La generación Z francesa se subleva. Desde el pasado 29 de septiembre, los jóvenes del país han sustituido los libros y los apuntes por las barricadas frente a los institutos para protestar contra la precariedad en la educación pública.

Ratas, humedades, hacinamiento, falta de profesores… Decenas de vídeos se acumulan en internet denunciando la situación crítica que se vive en las aulas. Lo que comenzó como una serie de paros a las puertas de los institutos se ha convertido, en apenas unos días, en una ola de violencia urbana cada vez más preocupante. La difusión de varios vídeos en internet de actuaciones policiales violentas contra estudiantes, que dejaron decenas de heridos, no ha hecho más que avivar la tensión. Desde entonces, varias escuelas han sido vandalizadas y las barricadas han pasado de estar frente a las escuelas a extenderse a las calles, bloqueando avenidas y el transporte público de distintas ciudades del país, como en Marsella o Estrasburgo, donde los servicios de movilidad públicos han sido suspendidos hasta nueva orden.

"No podemos continuar así. En verano nos morimos de calor y en invierno de frío. Las condiciones son asquerosas, sin contar con que cada vez cierran más aulas, obligando a juntar clases. Estamos hacinados", explican varios jóvenes del instituto Henri-IV, situado en el distrito 5 de París. Los estudiantes de secundaria que participan en los bloqueos exigen más recursos humanos y financieros para el sistema educativo nacional, para solventar los persistentes problemas en las infraestructuras pero también en la calidad de la enseñanza. "También estoy aquí por los profesores. Están cansados, su trabajo cada vez es más precario. Faltan profesores y más medios", insiste Chantal, una adolescente que lleva varios días frente manifestándose en el instituto.

En otros colegios, como el Honoré Balzac situado en el distrito 17, los alumnos no sufren esa precariedad pero también se han echado a las calles en solidaridad, dicen, con "los alumnos del 93", como se le conoce popularmente al departamento de Seine-Saint Denis, uno de los más pobres de la periferia parisina.

Solo este jueves se registraron más de 900 bloqueos en todo el país, que dejaron casi 2.000 detenidos, el 90% de ellos menores, según datos del Gobierno.

Ante el aumento de las tensiones en las calles y el miedo de que la situación se vuelva incontrolable, el primer ministro, Sebastién Lecornu, convocó este jueves al mediodía una célula interministerial de crisis.

Según fuentes consultadas por BFM-TV presentes en la reunión, el gobierno considera que el problema ya no radica en los bloqueos en sí, sino en la violencia urbana. Por ello, el ministro de justicia, Gérald Darmanin, convocó también de urgencia a 36 fiscales generales para valorar la situación y tomar medidas urgentes.

El candidato a las presidenciales de la derecha y alcalde de Le Havre, Édouard Philippe, anunció que todos los institutos de la ciudad permanecerán cerrados mañana "por precaución". "Lo que está ocurriendo es muy grave (...) Esto tendrá un impacto considerable en la educación de nuestros hijos. Así no nos preparamos para el futuro", criticó, tachando la violencia urbana vivida estos días como de "inaceptable".

"Quienes cometen estos actos deben saber que son imperdonables. Todos aquellos que explotan esta violencia, a menudo de forma cínica y política —pienso en particular en La France Insoumise (LFI)— deben saber que es inaceptable", señaló. "Lo que nos están preparando es una confrontación generalizada. Estamos viendo de primera mano de lo que son capaces de producir en suelo nacional quienes han teorizado sobre un conflicto permanente", opinó el alcalde.

No es el único, otros representantes políticos, como Bruno Retailleau, también señaló a los insumisos como principales responsables de las tensiones estudiantiles en las calles de Francia y dio un paso más, planteando la cuestión de "la prohibición de LFI".

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Por su lado, La Francia Insumisa defiende que las movilizaciones "son legítimas" y anima a los jóvenes a continuar en las calles para defender lo que consideran un derecho básico: el de una educación digna.

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