El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para ajustar el Presupuesto General de la Nación de 2026. La iniciativa busca canalizar recursos hacia la reconstrucción tras el terremoto y pagar las deudas de la comercializadora Air-e.

En definitiva, este proyecto de ley formaliza el paso pendiente para canalizar estos recursos hacia el Fondo Milagro, creado para concentrar las fuentes de financiación y acompañar todas las etapas de la reconstrucción. Con esta decisión se asegura que las ayudas lleguen a los territorios y a las personas que los necesitan.

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El soporte macroeconómico presentado por el Gobierno justifica la urgencia de estos $2,7 billones a partir de la dimensión del desastre. Con corte al 15 de septiembre de 2026, las evaluaciones oficiales elaboradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirman un saldo trágico de 335 personas fallecidas y 4.516 heridos. Sin embargo, es el deterioro del capital físico el que configura una parálisis de proporciones mayores para la economía regional.

La urgencia de este ajuste fiscal responde a la magnitud de los daños dejados por el terremoto. Según balances de la UNGRD con corte al 15 de septiembre de 2026, el saldo del terremoto asciende a 335 personas fallecidas, 4.516 heridos y 243.409 viviendas con algún grado de afectación en 16 departamentos, además de 758 edificios colapsados.

De igual forma, resultaron afectados 4.313 centros educativos, 402 centros de salud, 6.094 espacios comunitarios, 182 acueductos y 12 sedes bancarias. A esta infraestructura se suman los daños en 531 vías terrestres, 119 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y 5 aeropuertos.

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Desde la perspectiva del análisis económico, Hacienda enfatizó que el terremoto generó un choque simultáneo de oferta y demanda. Por un lado, la destrucción y la inhabilitación inmediata de activos —viviendas, plantas de producción, inventarios y herramientas de trabajo— acabaron con el patrimonio acumulado. Por el otro, la interrupción del comercio y de las rutinas laborales recortó de forma drástica los flujos de caja de los hogares y de los comercios locales.

El segundo eje del proyecto de ley consiste en un traslado presupuestal de 1,2 billones de pesos hacia la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para sanear los pasivos que mantiene Air-e con las empresas de energía eléctrica. Este movimiento no incrementará el monto global del Presupuesto de 2026, sino que reorientará apropiaciones existentes. 

"La deuda acumulada dejó de ser un problema financiero de una empresa o de una región, y se convirtió en una transferencia forzosa de riesgo hacia los agentes generadores y transmisores del país", advirtió el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos de la iniciativa.

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Para financiar esta transferencia hacia la Superservicios, la Nación usará saldos disponibles no comprometidos en dos entidades: se restarán 750.000 millones de pesos del presupuesto asignado al Ministerio de Hacienda y 450.000 millones de pesos del Ministerio de Minas y Energía.

El diagnóstico que acompaña la propuesta evidencia el grado de fragilidad del sistema. En la actualidad, Air-e es responsable de recaudar y redistribuir aproximadamente 41.000 millones mensuales por el uso del Sistema de Transmisión Nacional (STN). De igual forma, el 44 por ciento de los ingresos de los activos del Sistema de Transmisión Regional (STR) Norte depende del cumplimiento de dichos giros.

En el mercado de compra de energía, las cifras de la comercializadora son aún más preocupantes: el monto comprometido mensualmente por sus adquisiciones supera los 430.000 millones de pesos, considerando únicamente la demanda del mercado regulado. "Estas cifras muestran cómo un solo prestador puede desestabilizar el mercado en su conjunto", aseguró el Ministerio de Hacienda.

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Al sanear las cuentas de Air-e, los recursos llegarán a los flujos de caja de las empresas generadoras de energía. El Ministerio argumentó que la sostenibilidad financiera de estas empresas es la única garantía para que puedan contratar y adquirir de forma anticipada los combustibles necesarios para entregar energía firme.