En el marco de la Convención Nacional de Seguros, la directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, presentó un análisis sobre los desafíos que enfrenta Colombia en materia de protección social, mercado laboral, crecimiento y sostenibilidad de las finanzas públicas.

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Uno de los puntos centrales de su presentación fue el costo asociado a la formalidad laboral. De acuerdo con las cifras expuestas, para un trabajador que recibe un salario mínimo, los costos no salariales representan alrededor del 60 por ciento del salario.

La presentación muestra que este porcentaje cambia según el nivel de ingreso. Para trabajadores que reciben dos salarios mínimos, los costos no salariales representan cerca del 54 por ciento; para quienes reciben cinco salarios mínimos, alrededor del 48 por ciento. El ejercicio incorpora componentes como pensiones, salud, riesgos laborales, prestaciones y parafiscales. 

El análisis también mostró la distribución de los trabajadores según su nivel de ingreso laboral en 2025.

Según las cifras presentadas por Meléndez, el 70 por ciento de los trabajadores gana un salario mínimo o menos, mientras que el 48 % recibe menos de un salario mínimo.

La distribución muestra que 2,9 millones de trabajadores se encontraban en el rango de hasta una cuarta parte del salario mínimo; 3,1 millones, entre más de una cuarta parte y la mitad; y 5,4 millones, entre más de la mitad y menos de un salario mínimo.

A estos se suman 5,1 millones de trabajadores con ingresos equivalentes a un salario mínimo y 3,9 millones que recibían entre uno y dos salarios mínimos.

La presentación también relaciona el nivel de ingresos con el tamaño de las empresas y la formalidad. En el sector productivo, los trabajadores por cuenta propia tienen un ingreso promedio equivalente al 68 por ciento del promedio general y solo el 9 por ciento son formales.

En las empresas de entre uno y cinco trabajadores, el ingreso promedio equivale al 69 por ciento del promedio y la formalidad alcanza el 18 por ciento. En las compañías de más de 101 trabajadores, el ingreso promedio llega al 172 por ciento del promedio general y la formalidad alcanza el 98 por ciento.

Marcela Meléndez - Directora Ejecutiva de Fedesarrollo Foto:Laura Dussan / EL TIEMPO

Otro de los puntos abordados durante la presentación fue la evolución del salario mínimo frente al índice de precios al consumidor.

Con 2005 como año base, el índice del salario mínimo llega a 4,59 en 2026, mientras que el índice del IPC se ubica en 2,72. La presentación precisa que para 2026 el IPC corresponde al promedio simple hasta agosto.

La evolución del salario mínimo también tiene implicaciones fiscales, debido a que algunas obligaciones del Estado y determinados subsidios están vinculados a este indicador. Protección social y pensiones

Meléndez planteó además una discusión sobre la estructura de la protección social. El punto de partida de la presentación es que, en un sistema que funciona adecuadamente, la seguridad social y la asistencia social deberían ser complementarias y no sustitutas.

En materia pensional, las cifras de 2025 muestran una concentración importante de los ingresos en los deciles superiores. El 10 por ciento de mayores ingresos concentra el 32,5 por ciento de los pensionados y el 52,3 por ciento del ingreso pensional.

El noveno decil, por su parte, concentra el 21,8 por ciento de los pensionados y el 18,2 por ciento del ingreso pensional.

Estos datos hacen parte de la discusión planteada sobre la forma en que está estructurada actualmente la protección social y sobre los retos que enfrenta un sistema que debe atender a trabajadores con condiciones laborales e ingresos muy diferentes. 

Marcela Meléndez - Directora Ejecutiva de Fedesarrollo Foto:Laura Dussan / EL TIEMPO

La directora ejecutiva de Fedesarrollo también vinculó la discusión sobre protección social con el comportamiento de la economía.

La presentación señala que el bajo crecimiento está relacionado con una dinámica débil de la productividad y una tasa de inversión insuficiente.

En este último indicador, la formación bruta de capital fijo pasó de representar 23,4 por ciento del PIB en 2015 a 15,9 por ciento en 2026, según las cifras presentadas.

En este contexto, la recuperación de la inversión y el ahorro y el aumento de la productividad aparecen como elementos centrales dentro de la discusión sobre las posibilidades de crecimiento de la economía colombiana. 

El análisis presentado durante la Convención Nacional de Seguros también se refirió a las finanzas públicas.

Entre 2022 y 2025, los compromisos estructurales de gasto aumentaron en 52,4 billones, según las cifras incluidas en la presentación.

Al comparar 2025 con el promedio del periodo 2015-2019, los componentes estructurales, entre ellos pensiones, salud y el Sistema General de Participaciones, explican el 48 por ciento del incremento.

Para el periodo 2022-2025, la presentación identifica un aumento de cerca de 52 billones en los compromisos estructurales, de 21 billones en el gasto discrecional y de 1,5 billones en inversión.

La estructura del gasto es otro de los elementos que, según el análisis, limita el margen disponible para realizar ajustes en el corto plazo. 

Meléndez también abordó las perspectivas fiscales para 2027.

De acuerdo con la presentación, sin nuevas reformas el balance primario tendría un deterioro de alrededor de un punto del PIB frente a 2025, debido, entre otros factores, a menores ingresos provenientes de Ecopetrol y del excedente del Banco de la República.

Al mismo tiempo, el pago de intereses aumentaría cerca de dos puntos del PIB, asociado al mayor saldo de deuda y a las tasas de interés.

Frente a este escenario, el Gobierno ha planteado una “Ley de rescate económico”, cuyo objetivo, según lo expuesto, sería reducir el déficit primario en 2,2 puntos del PIB, al pasar de 9,4 por ciento a 7,2 por ciento del PIB.

La presentación plantea varios interrogantes sobre el proceso, entre ellos cuáles serán las medidas concretas incluidas en la iniciativa, cómo se reflejarán en el Presupuesto de 2027 y cuáles serán las decisiones necesarias para alcanzar la trayectoria fiscal prevista hacia 2030. Una discusión que va más allá del gasto

En la parte final de su presentación, Meléndez señaló que el desequilibrio fiscal ocupa un lugar central dentro de la discusión macroeconómica y lo relacionó con la inversión, el ahorro y las expectativas de inflación.

El análisis plantea que la discusión sobre el ajuste fiscal no debería limitarse al gasto que puede modificarse en el corto plazo. También incluye el alcance del sistema de protección social, la relación entre el Gobierno nacional y las regiones y la estructura tributaria.

En materia de crecimiento, el planteamiento de Fedesarrollo apunta a la necesidad de recuperar los niveles de inversión y ahorro y aumentar la productividad.

De esta manera, la presentación conectó tres frentes que están estrechamente relacionados: el costo de la formalidad laboral, la estructura de la protección social y las restricciones que enfrenta el gasto público en un escenario de mayores compromisos fiscales.

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