El dolor en España no se mide en desgarro, se mide en rédito político. No importa la vulnerabilidad, importa el código postal y las siglas de quien gobierne el territorio donde te destruyen la vida. Solo así se explica la obscena asimetría mediática que estamos viviendo estos días: mientras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid abre telediarios y enciende las redes en una comprensible oleada de indignación, el suicidio de Olga Matute en L’Hospitalet tras ser desahuciada se ha topado con un muro de silencio sepulcral.
El dolor en España no se mide en desgarro, se mide en rédito político. No importa la vulnerabilidad, importa el código postal y las siglas de quien gobierne el territorio donde te destruyen la vida. Solo así se explica la obscena asimetría mediática que estamos viviendo estos días: mientras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid abre telediarios y enciende las redes en una comprensible oleada de indignación, el suicidio de Olga Matute en L’Hospitalet tras ser desahuciada se ha topado con un muro de silencio sepulcral.
¿Es que acaso hay desahucios de primera y desahucios de segunda? ¿Es que la desesperación en Barcelona cotiza a la baja en el mercado de la moralidad televisiva? La respuesta es tan cínica como real: Maricarmen sirve para armar un relato contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Es munición perfecta para el bloque progresista. El drama real de una anciana sacada en camilla de su casa se convierte instantáneamente en el "símbolo de la crueldad de la derecha". Olga Matute no servía para ese guion, para esa puesta en escena.
Olga tenía 54 años, dos hijas (una menor) y 36 años cotizados. Su piso acabó en manos de un fondo de inversión que se negó a mantenerle el alquiler social. Desesperada, Olga llegó a intervenir en el Parlament de Catalunya alertando de su precariedad y avisando, con una lucidez espantosa, de sus pensamientos suicidas. Nadie la escuchó. La noche anterior a su desahucio el pasado abril, ingresó en urgencias con intención suicida; aun así, el juez ordenó seguir adelante.
El 7 de septiembre se quitó la vida. Pero en Cataluña, donde las administraciones implicadas no responden al perfil del "enemigo perfecto" para el relato del Gobierno central, la maquinaria del escándalo prefirió mirar hacia otro lado. No hubo actores rompiéndose la camisa, ni minutos de oro informativos, ni portadas compungidas exigiendo responsabilidades inmediatas.
Esta doble vara de medir demuestra que a la corporatocracia mediática y a los partidos políticos no les importan los desahuciados; les importa la rentabilidad de sus lágrimas. Si tu tragedia ocurre bajo un gobierno que se puede desgastar, eres una víctima oficial. Si tu tragedia ocurre bajo la gestión de quienes dicen protegerte, te conviertes en un error del sistema que es mejor barrer bajo la alfombra. La realidad más amarga es que los fondos buitre, los alquileres imposibles y el colapso habitacional matan por igual en la Castellana que en la rambla de L’Hospitalet. Pero mientras sigamos permitiendo que la indignación dependa del color del ayuntamiento o de la comunidad autónoma de turno, seguiremos siendo cómplices de una verdad devastadora: en España, hasta para que tu muerte sea digna de compasión, tienes que tener la decencia de suicidarte en el escaparate político correcto.
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