Las mafias de la marihuana, cada vez más poderosas, están consiguiendo introducirse poco a poco en las estructuras policiales. En 2025 fueron descubiertos agentes de los Mossos d’Esquadra en dos de las 98 organizaciones y grupos criminales desarticuladas en Catalunya, según datos del jefe de la Comissaria General d’Investigació Criminal de la policía catalana, Ramon Chacón.

Chacón intervino este miércoles en la jornada Criminalidad organizada y corrupción política, organizada por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) y el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialtizada. “Que las mafias entren en las organizaciones policiales es un desastre”, alertó.

Chacón describió una situación que “no pinta bien”, tras referirse a los cuatro homicidios con arma de fuego y los secuestros que ha habido en Barcelona en los últimos meses, que son un síntoma de la implantación creciente de las mafias de la marihuana.

Chacón recordó el asesinato de la calle de Balmes del 10 de junio, cuando un hombre ejecutó a otro a sangre fría frente a una comisaría de la Policía Nacional y se marchó del lugar caminando.

Para el agente, el hecho de que las mafias de la marihuana estén más presentes sobre el terreno facilita el contacto con los agentes y por tanto que alguno de ellos acabe colaborando con el sistema delincuencial.

“Se están abriendo estas ventanas -advirtió- en las que determinados policías, por el vínculo, por lo que sea, porque les dan dinero, comienzan a trabajar con estas organizaciones de tráfico de marihuana”.

“Si la policía deja de estar, también desaparece parte de la presencia del Estado y las organizaciones criminales pueden acabar imponiendo sus normas de seguridad y controlando la actividad económica”, valoró.

El responsable policial expuso el caso real de una mafia de la marihuana que propuso a un vecino un cultivo en una parte de su piso que no utilizaba. El hombre accedió, pero a las semanas alguien -presumiblemente de otro grupo dedicado al narcotráfico- entró en la vivienda y le robaron la droga. Cuando lo explicó al grupo para el que cultivaba, le exigieron 30.000 euros anuales, que era el beneficio previsto. En esa tesitura… ¿los denunciaba a la policía? ¿Se negaba? La banda finalmente se quedó con el piso. Eso mismo habría ocurrido con otra docena de viviendas del mismo barrio.

Chacón expuso que esas organizaciones pueden llegar a controlar varios inmuebles y negocios y generar una economía paralela. “Hay un control del barrio”, dijo. “Quién es el valiente que se va a presentar una denuncia diciendo que traficaba y teniendo en cuenta las represalias a las que se expone”.

El investigador policial mostró su inquietud por las cantidades de heroína, cocaina y marihuana intervenidas en España, que la sitúan en el primer lugar de Europa. En buena medida, situó, porque una importante vía de entrada son los puertos de Barcelona, Valencia, Algeciras y Vigo. “Estos datos ponen los pelos de punta”, opina Chacón.

Todas estas circunstancias muestran la dimensión del problema, y sirven para alertar del riesgo de que las organizaciones criminales capilaricen hacia la administración pública.

La jornada de la OAC quería establecer una reflexión entre fiscales, policías, analistas de la criminalidad y periodistas sobre los riesgos de que los sistemas mafiosos infecten la administración pública; en la jornada intervino Matthew Caruana, hijo de Daphne Caruana, periodista de investigación maltesa, asesinada por la mafia local por sus investigaciones, que desvelaron la corrupción que carcomía al gobierno de la isla.

El director de la Oficina Antifrau, Josep Tomàs Salàs, remarcó que el crimen organizado “se está convirtiendo en una amenaza significativa, a menudo subestimada, para la gobernanza democrática”.

La profesora de criminología de la Universidad Pontificia Comillas Andrea Giménez-Salinas advirtió que el fin último de las organizaciones criminales es llegar a incidir “en el sistema regulativo”, para modificar el funcionamiento de la administración o incluso las leyes.

La nueva fiscal adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración, Belén Martínez, detalló que esta nueva estructura de la Fiscalía General del Estado será “complementaria” de la la Fiscalía Anticorrupción, que existe desde hace décadas pero sólo investiga delitos “de especial trascendencia”, lo que dejaba los delitos de gravedad menor en manos de las fiscalías territoriales, con pocos medios. Esta nueva figura se ocupará en especial de ese espacio.

Martínez defendió que en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado no debe ponerse el foco únicamente en las multas, sino también en otras penas y medidas que pueden tener un efecto disuasorio. En este sentido, opina que es importante que en los procesos judiciales se practique “desde el inicio” el decomiso de los bienes de las organizaciones criminales.

Redactor jefe de A Fondo. Antes, en Cultura, Política y responsable de tribunales en Barcelona y Madrid. Entre 2005-2007 cubrió el proceso de paz con ETA. Contacto: afondo@lavanguardia.es