El fracaso de Pedro Sánchez con los decretos sobre vivienda que ayer tumbó el Congreso solo admite una lectura: la política en España se ha convertido en un caos que amenaza la estabilidad social y en estas condiciones no hay más alternativa que dar este ciclo por terminado y que sea la voz de los ciudadanos en las urnas la que ponga las cosas en su sitio. Cuando es imposible avanzar en mínimos consensos, incluso cuando se habla de temas tan graves como la vivienda, cuando la calle se incendia y la demagogia se instala con fuerza en el debate público, seguir para adelante es una deriva que compromete los cimientos del sistema democrático. Esta legislatura tenía que haber terminado hace ya mucho tiempo. Estuvo viciada en su origen porque Sánchez compró su investidura a cambio de la amnistía para los implicados en la intentona separatista de 2017. Pero una vez que ese objetivo estuvo conseguido, Junts se ha comportado como lo que es, un partido de la derecha que ha desarmado la supuesta “mayoría de progreso” con la que Sánchez justificaba su permanencia en el poder al precio de paralizar el Congreso. Prolongar esta situación, salpicada por los casos de corrupción que han afectado al PSOE y al Consejo de Ministros, ha sido un empeño suicida que ya no puede durar más. Haga lo que haga el presidente en los próximos días, firme el decreto de convocatoria electoral o intente prolongar unos meses más esta agonía, el daño institucional que le ha hecho al país es enorme. El próximo Gobierno, sobre todo si como es previsible es un signo político opuesto al actual, tendrá por delante una hercúlea tarea de reconstrucción de los pilares democráticos. Lo deberá hacer con alturas de miras y buscando todos los consensos posibles. Porque si una conclusión se puede sacar del periodo nefasto que estamos viviendo es que la mala calidad de la política, la polarización y la falta de soluciones acaba trasladándose a la calle en forma de crispación y descontento.