Siempre duele ver a una mujer de avanzada edad saliendo en camilla del que ha sido su hogar de siempre, aunque sea en cumplimiento de un desahucio autorizado por un juez. Pero por encima de este caso concreto, porque en España se producen cientos de desahucios cada día originados por motivos muy dispares, lo que le ha sucedido a Maricarmen en Madrid enseña algunas lecciones que deberían ser aprendidas cuanto antes por las diferentes administraciones públicas para intentar evitar que casos como este último no vuelvan a repetirse.

La primera lección está clara: en este país hacen falta más viviendas. La escasa oferta actual, tanto pública como privada, debería abrir la puerta a actualizar los mecanismos necesarios para facilitar que haya más hogares a la venta para poder ir satisfaciendo poco a poco la altísima demanda que hoy existe.

Y ahí es donde las administraciones públicas están llamadas a jugar un papel esencial, porque hay que reducir la tramitación urbanística que se precisa para poder construir, porque hay que buscar fórmulas para disminuir unos costes de construcción que actualmente son elevadísimos, y porque hay que multiplicar la oferta, tanto la pública como la privada, sobre todo en aquellos lugares donde más crece la demanda, esto es, en las grandes ciudades y en el litoral, salvaguardando en estos últimos casos una normativa medioambiental que costó muchos años asentar.

Es indudable que la mayor parte de las competencias en materia de vivienda corresponden a las comunidades autónomas, que da la impresión de que pueden hacer más de lo que están haciendo. Pero también el Gobierno tiene mucho que decir, sobre todo cuando el actual Ejecutivo de coalición no hace sino aprobar un plan de vivienda tras otro pero sin ser capaces de mover un solo ladrillo.

Y el caso Maricarmen nos aporta una lección más: hacen falta políticas de consenso para frenar aquellos desahucios que sean injustos.