La investigación, denominada operación Payment, se desarrolló tras la denuncia presentada por la representación procesal de la compañía aseguradora contra una exempleada de su Delegación Provincial de Cádiz. La investigada desempeñaba funciones relacionadas con la gestión y tramitación del pago de gastos de suplidos, es decir, aquellos gastos derivados de la prestación de determinados servicios que inicialmente son asumidos por el asegurado y posteriormente reintegrados por la compañía.

Los hechos fueron detectados a raíz de una auditoría interna realizada por la entidad, en la que se identificaron 726 pagos presuntamente indebidos, por un importe total de 659.345 euros, efectuados mediante transferencias bancarias a 40 cuentas.

La investigación policial se inició en agosto de 2023, con el objetivo de determinar el itinerario seguido por las cantidades presuntamente distraídas y esclarecer tanto el destino final del dinero como la posible participación de terceras personas.

Para ello, los agentes realizaron un exhaustivo análisis de los movimientos bancarios vinculados a los beneficiarios de las cantidades asociadas a los supuestos suplidos, examinando un total de 59 cuentas bancarias.

El análisis de la información bancaria, junto con las diligencias practicadas durante la investigación, permitió poner de manifiesto un flujo de dinero entre la exempleada y terceras personas.

Según las pesquisas, determinadas personas habrían recibido cantidades económicas procedentes de los presuntos suplidos indebidos, mientras que otras habrían percibido parte de ese dinero por su supuesta intermediación en los trámites necesarios para hacer efectivos los pagos.

Los movimientos económicos se habrían realizado mediante transferencias bancarias, imposiciones de efectivo y entregas directas de dinero, utilizando en algunos casos ingresos en efectivo con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero y preservar el anonimato de los beneficiarios.

El avance de la investigación y el análisis de la documentación y de los movimientos bancarios permitió establecer las conexiones económicas existentes entre los distintos implicados.

Como resultado de las diligencias policiales, los informes elaborados y las declaraciones testificales practicadas, un total de 20 personas fueron judicialmente investigadas por su presunta vinculación con los hechos. La investigación ha permitido finalmente esclarecer un delito continuado de estafa, así como determinar el recorrido seguido por una parte de las cantidades económicas presuntamente defraudadas.

La actuación policial tenía como uno de sus principales objetivos determinar el destino del capital presuntamente distraído y poner fin a la actividad delictiva, evitando con ello que continuara el perjuicio económico ocasionado a la entidad afectada.

Las actuaciones han sido desarrolladas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz, en coordinación con la autoridad judicial competente.