El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado el barómetro 'Vivienda 2026', un estudio que refleja la preocupación ciudadana ante la crisis inmobiliaria. El 76,3% de los encuestados considera que el Estado debe intervenir en el mercado tanto como sea necesario para garantizar el acceso universal a la vivienda. Además, un contundente 79% apuesta por priorizar el derecho a la vivienda como un derecho constitucional, frente a apenas un 13,5% que lo contempla como "un bien de mercado". La encuesta, realizada en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, recoge las respuestas de 6.019 personas entrevistadas entre los días 22 y 30 de junio, pero que se ha publicado en plena crisis de la vivienda, un día después de la muerte de Maricarmen y a menos de dos meses de la convocatoria electoral.

La situación habitacional preocupa mucho o bastante al 86,9% de los ciudadanos consultados, mientras que solo un 11,7% manifiesta que le inquieta poco o nada. De forma más personal, el 41,5% reconoce que la coyuntura actual del mercado inmobiliario le está perjudicando directamente, en contraste con un testimonial 4,4% que afirma sentirse beneficiado. En cuanto al tipo de vivienda, el 70,3% vive en su propia casa, pero un 13,4% todavía reside en casa de sus padres o suegros, un 5% en el domicilio de su pareja y un 4,5% comparte piso con otras personas.

El 80,6% de los encuestados no tiene planes de adquirir una vivienda en los próximos dos años, lo que evidencia las dificultades económicas y las barreras de acceso existentes. Entre quienes sí contemplan la compra (18,4%), el 63,5% planea hacerlo junto a otra persona y el 11,3% recibirá ayuda económica de algún familiar. Solo un 5,4% espera recibir apoyo de alguna administración pública para materializar su proyecto de compra.

Uno de los datos más contundentes del barómetro refleja que el 91,4% de los participantes está de acuerdo con que las administraciones deberían construir más viviendas públicas de las que se edifican actualmente. Esta cifra subraya el consenso social existente respecto a la necesidad de ampliar el parque público residencial como solución estructural al problema de acceso a la vivienda.

Respecto a la distribución de competencias en materia de vivienda, el 36,1% opina que las comunidades autónomas son las que actualmente tienen más atribuciones, seguidas del Estado con un 26,9% y los ayuntamientos con un 15,2%. Sin embargo, cuando se pregunta qué administración debería tener mayores competencias para mejorar el acceso, el 44,5% señala al Estado como el actor principal que debería liderar las políticas de vivienda en España.

En la actualidad solo un 8,6% de los encuestados vive en una vivienda protegida. De estos casos, el 40,6% corresponde a viviendas construidas por promotores privados, un 16,7% fueron promovidas por su comunidad autónoma, un 14,4% por su ayuntamiento y un 17,5% desconoce el origen de la promoción. El acceso a estas viviendas se produjo en un 36,3% a través de una promotora o inmobiliaria privada y en un 30,8% mediante un procedimiento público.

Los datos del CIS confirman que la propiedad sigue siendo el modelo preferido por los españoles: el 93,5% manifiesta su preferencia por vivir en una casa en propiedad, mientras que solo el 5,4% opta por el alquiler como fórmula ideal. Actualmente, el 55% es propietario de una vivienda y el 24,1% vive de alquiler. Un 20% habita en una vivienda cedida o sin realizar ningún pago. Entre los propietarios, el 54% ya tiene la vivienda completamente pagada, lo que supone cierta estabilidad patrimonial para este segmento.

Entre los inquilinos, el 32,7% asegura que paga un alquiler superior al precio de mercado, el 39% abona un precio acorde con el mercado y el 23,6% disfruta de un alquiler inferior a los precios habituales. Esta distribución refleja la heterogeneidad del mercado del alquiler y las diferentes situaciones contractuales que conviven en el tejido residencial español.

Respecto a las mensualidades destinadas a vivienda, el 20,4% de inquilinos e hipotecados pagan entre 700 y 999 euros al mes, el 13,7% abonan entre 500 y 599 euros, y el 11,8% destinan entre 600 y 699 euros. En los municipios de alta densidad, el porcentaje de quienes pagan entre 1.000 y 1.499 euros asciende hasta el 13,1%, evidenciando la mayor presión inmobiliaria en las grandes ciudades.

El barómetro profundiza en los motivos que impiden a los ciudadanos acceder a la compra de vivienda. Entre quienes prefieren vivir en propiedad pero no tienen pensado comprar en los próximos dos años, un 80,7% explica que no puede hacerlo "porque no tiene dinero para la entrada". El 71,3% señala que no dispone de "ingresos suficientes para las cuotas" mensuales y el 63,5% no cumple los requisitos necesarios para obtener una hipoteca.

Estas cifras evidencian que las dificultades para acceder a la vivienda no responden a una única causa, sino a un cúmulo de obstáculos económicos que se superponen y que afectan especialmente a los jóvenes y a las personas con ingresos medios y bajos. La imposibilidad de reunir el capital inicial, combinada con la insuficiencia de rentas para hacer frente a los pagos mensuales, configura un panorama de exclusión residencial para amplios sectores de la población.

Entre las personas que conviven en pisos compartidos o en casa de familiares, el 60,5% no tiene intención de trasladarse a una vivienda independiente en los próximos doce meses. Por el contrario, el 37,3% sí planea dar el paso hacia la emancipación. Quienes renuncian a independizarse aluden principalmente a que "el precio de compra es demasiado alto para sus ingresos" (85,6%), a que "los alquileres son demasiado altos" (84,9%) y a que no disponen de "dinero para la entrada o la fianza" (77%).

El estudio del CIS recoge también la opinión ciudadana sobre las medidas necesarias para mejorar el acceso a la vivienda. El 85,7% está a favor de "dar más garantías a caseros y caseras frente a posibles impagos" y el 84,3% considera imprescindible "sacar al mercado el suelo urbanizable". Estas propuestas cuentan con un respaldo transversal que supera las diferencias ideológicas.

Sin embargo, existen algunas diferencias significativas según grupos demográficos. Entre las mujeres, el 77,1% apoya "congelar los precios del alquiler durante dos años", una medida intervencionista que genera mayor consenso en este colectivo. Por su parte, el 61,9% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se muestra favorable a "expropiar las viviendas vacías", lo que refleja una posición más radical entre los sectores de población más afectados por la crisis de acceso a la vivienda.

Respecto a la vivienda protegida como alternativa de futuro, entre quienes tienen intención de comprar una casa, el 22,4% ha pensado solicitar una vivienda de protección oficial, mientras que el 73,9% descarta esta opción. Los motivos principales para no recurrir a este tipo de vivienda son que "no cumplen los requisitos" (58,4%) o que "no hay suficiente oferta" (58%), lo que pone de manifiesto las limitaciones del actual sistema de vivienda protegida.

El barómetro revela que el 31,8% de los encuestados tiene perspectivas de heredar total o parcialmente alguna vivienda en el futuro, frente a un 67,1% que no contempla esta posibilidad. Este dato refleja cómo la transmisión patrimonial familiar se ha convertido en un factor determinante para el acceso a la vivienda en España, acentuando las desigualdades entre quienes tienen patrimonio familiar y quienes no disponen de este respaldo.

De las personas que plantean trasladarse a una vivienda independiente durante el próximo año, el 49,5% tiene pensado hacerlo a una vivienda de alquiler, un 26,2% a una vivienda comprada y un 15% a un piso compartido. Esta distribución muestra cómo el alquiler se configura como la principal vía de emancipación para quienes dan el paso hacia la independencia residencial, especialmente entre los más jóvenes.

Solo un 8,7% de los encuestados recibe ingresos por tener alquilada una vivienda, lo que indica que la tenencia de segundas residencias destinadas al arrendamiento sigue siendo minoritaria en la sociedad española. Este dato contrasta con la percepción social de que existe un número elevado de pequeños propietarios que obtienen rentas del alquiler.