En mis anteriores artículos advertía que la gran pregunta de Colombia no era solo quién ganaría las elecciones, sino qué ocurriría al día siguiente. Hoy, al llegar a Colombia después de unos días en España, con la política española todavía fresca en la retina, me encuentro con que aquella pregunta ha dejado de ser una reflexión preventiva para convertirse en una realidad institucional de extrema gravedad.

España vive también su propia polarización, sus bloques, sus excesos verbales y su deterioro del respeto entre adversarios. Pero lo que Colombia afronta hoy tiene una naturaleza distinta y mucho más delicada: un gobierno saliente y el candidato de su misma opción política cuestionan el resultado electoral no tanto por la acreditación concluyente de una adulteración del recuento, sino afirmando que ese resultado no reflejaría la voluntad popular. Esa distinción es peligrosísima. Porque cuando no se prueba la alteración del voto, pero se niega su significado político, lo que se pone en cuestión no es una mesa, un acta o un procedimiento: se pone en cuestión el principio mismo de aceptación democrática.

La situación alcanza mayor gravedad con la ruptura o suspensión de los mecanismos de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Si el traspaso ordenado del poder deja de entenderse como un deber institucional y pasa a convertirse en un instrumento de presión política, Colombia entra en un territorio inquietante. El empalme no es una cortesía entre presidentes. Es una obligación republicana. No pertenece al gobierno que se va ni al gobierno que llega. Pertenece al Estado.

Por eso el momento exige llamar a las cosas por su nombre. La victoria de Abelardo de la Espriella, ajustada y discutida políticamente, debe ser sometida a todos los controles legales que correspondan. Pero una vez agotados los cauces institucionales, el resultado debe ser respetado. La democracia no puede depender de que quien pierde considere emocionalmente justo el desenlace. Depende de reglas, garantías, escrutinios, recursos y aceptación final.

Tampoco el presidente electo puede convertir la legitimidad de origen en legitimidad ilimitada. Ganar no autoriza a gobernar desde la revancha, ni a tratar la transición como una guerra de ocupación. El país necesita auditoría seria, sí; transparencia, también; revisión técnica del estado recibido, por supuesto. Pero todo ello debe hacerse dentro de la Constitución, con instituciones, sin espectáculo innecesario y sin alimentar una lógica de vencedores y vencidos.

Lo más grave de esta mañana no es solo el conflicto entre dos liderazgos. Es el mensaje que se traslada a la ciudadanía. Si desde el poder saliente se llama a millones de votantes a mostrar su fuerza en la calle bajo la idea de que la voluntad popular ha sido desconocida, el riesgo de desbordamiento social se multiplica. La protesta pacífica es un derecho esencial. La movilización ciudadana forma parte de toda democracia viva. Pero otra cosa muy distinta es utilizar la calle como sustituto del resultado electoral o como mecanismo de desconocimiento institucional.

Colombia no es un país que pueda jugar con esa frontera. Aquí la tensión política convive con grupos armados, economías ilegales, territorios frágiles, comunidades heridas y una memoria de violencia demasiado cercana. Una democracia europea puede soportar semanas de ruido parlamentario o mediático. Colombia, en determinadas zonas, no siempre puede permitirse que la palabra irresponsable viaje sola: a veces llega acompañada de miedo, bloqueo, intimidación o violencia.

Por eso resulta especialmente preocupante que empiecen a mencionarse mecanismos constitucionales extremos, incluso con referencias al papel de las Fuerzas Militares en la preservación del orden constitucional. En una democracia seria, la fuerza pública no puede ser argumento político de parte. Su función debe permanecer estrictamente sometida a la Constitución, al mando civil legítimo y a la defensa del orden democrático, no a la conveniencia de un sector.

El gobierno saliente tiene una responsabilidad histórica: entregar el poder con grandeza institucional. El gobierno entrante tiene otra no menor: recibirlo sin arrogancia, sin humillar al adversario y sin confundir firmeza con provocación. Y la oposición debe decidir si quiere ser una oposición democrática o una fuerza de desestabilización emocional permanente.

El mundo observa. Los empresarios observan. Los inversionistas observan. Pero, sobre todo, observa la Colombia que madruga, trabaja, sufre y espera. Esa Colombia no necesita un duelo de egos ni una batalla final. Necesita Estado, seguridad, paz, reglas claras y una transición ordenada.

El día después ha llegado. Y ha llegado peor de lo que muchos temían. Pero todavía hay margen para corregir. Reconocer el resultado no es rendirse. Entregar el poder no es claudicar. Recibirlo con prudencia no es debilidad. En este momento, la verdadera grandeza democrática consiste en impedir que la política rompa lo que el voto, aun dividido, todavía puede sostener.

Colombia no necesita que nadie prenda la llama. Necesita que todos, empezando por quienes tienen poder, ayuden a apagarla.

Daniel Molleja Conde es abogado