La investigación abierta por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional tiene una ramificación andaluza, es la historia de una obsesión y de la inexplicable participación en una operación de fontanería de un personaje como Leire Díez, una militante vasca, llevada de la mano por Santos Cerdán hasta el corazón de Ferraz y, como poco, imprudente, afiliada de cuarto nivel y dada a los cuentos. La obsesión es el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, investigador de la causa que la juez Mercedes Alaya abrió por el caso ERE y que, a la postre, supondría la caída y el enjuiciamiento de buena parte del PSOE de Andalucía.

Antonio Balas, natural de un pueblo de Badajoz y con 52 años, es el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica de la UCO, ha participado en otros casos que afectan al PSOE, como el de las minas de Aznalcóllar, el del ex fiscal general del Estado Javier Ortiz y el de Begoña Gómez. Forjado en el País Vasco en los años de ETA, fue él quien se encargó de interrogar el miércoles pasado a dos generales de la Guardia Civil con una orden del juez Pedraz para averiguar filtraciones internas en la Benemérita relacionadas con ese caso. Todo un terremoto en el Instituto Armado, la UCO entrando en la sede de Guzmán el Bueno.

La fontanera Leire Díez, el malagueño Vicente Fernández, que fue presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi), cargo del que tuvo que dimitir al ser imputado en el caso Aznalcóllar, y el empresario vasco Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán y propietario de la empresa Servinabar, se conocían desde 2018, juntos habían constituido un grupo de whatsapp llamado Hirurok, "nosotros tres" en vasco. Otro juez, Arturo Zamarriego, ya investigaba sus acciones para torpedear investigaciones judiciales.

Reunión en Ferraz

Pero la investigación de Pedraz arranca con una reunión mantenida en Ferraz el 26 de abril de 2024. Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, cita a Leire Díez porque ella asegura que cuenta con audios del ex comisario Villarejo que demostrarían una campaña anterior contra Pedro Sánchez y su familia. La fontanera asegura que, además, tiene información sobre casos que afectan al PSOE de Andalucía, a Begoña Gómez o al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, entre otros. Es el momento, según Pedraz, en que Santos Cerdán pone a disposición de la "estructura criminal" la propia "estructura del partido" para desacreditar investigaciones judiciales.

Vicente Fernández tiene razones de peso para estar más que molesto con Antonio Balas y con la juez Alaya. La magistrada abrió en dos ocasiones el caso Aznalcóllar contra él, lo que le costó el puesto en la Sepi, aunque finalmente fue absuelto de todos los delitos. Funcionario de alto nivel en la Junta, donde llegó a ser interventor general, María Jesús Montero se lo llevó a Madrid para dirigir la Sepi. Cuando salió de la sociedad, trabajó para Servinabar, la empresa de Antxon Alonso de la que Santos Cerdán tenía participaciones. Aznalcóllar se cargó su carrera profesional, y entró en el círculo de Cerdán y de Leire Díez.

El ex consejero andaluz Gaspar Zarrías también está imputado. El jiennese fue condenado por un tribunal de la Audiencia de Sevilla por prevaricación en el caso ERE, con una sentencia que, posteriormente, fue anulada por el Constitucional. La tesis del juez es que Zarrías habría financiado las actividades de Leire Díez por sugerencia de Cerdán al contratarla en su empresa Zaño Sociedad Consultora, donde cobró cuatro mensualidades de 4.000 euros. La versión del ex consejero es que, en efecto, la contrató porque tenía información del caso ERE, pero prescindió de ella poco después porque no daba resultados.

Zarrías, que en su día fue el consejero más poderoso de varios gobiernos de Manuel Chaves, ya había declarado al juez Zamarriego en abril de 2025 que ésa fue su única relación con Díaz, pero Pedraz sostiene que lo hizo por un encargo del PSOE.

Una vez que se marchó de Zaño, el juez Pedraz cree que Leire Díez cobró de Ferraz a través del abogado Ismael Oliver, mediante unas facturas apañadas por la gerente del PSOE, la malagueña Ana María Fuentes. El auto cita unos pagos de 27.225 euros. Antes de eso, Leire Díaz pregunta en una comunicación intervenida en el grupo Hirurok si cobraría por medio de "Andalukadi", tal como se transcribe en el autor.

Aún hay más elementos que llevan a Andalucía. Pedraz incluyó entre sus demandas del auto que los agentes de la UCO averiguasen cuántas veces ha entrado en Ferraz un investigador de la Policía Nacional Rafael Salvador Moreno. Fue él quien se hizo cargo, como responsable de la policía judicial de Sevilla, de la primera instrucción que Mercedes Alaya abrió por el caso ERE, pero al cabo de los meses fue apartado por ella y sustituido por Antonio Balas, de la UCO.

Aque el fue un relevo cargado de dudas. Oficialmente, la Policía Nacional carecía de los medios que la juez necesitaba. Cuando salió del caso, Alaya puso a Antonio Balas al mando. Pedraz quiere saber si este policía ha colaborado con el PSOE, si ha visitado Ferraz para hablar de su pasado.

El juez cita, pero no imputa, a otro andaluz, el diputado jiennense Juan Francisco Serrano quien asistió a esa primera reunión con Leire Díez el 26 de abril de 2024 en Ferraz. Como lo hizo Antonio Hernando. La razón que alega quien fuera uno de los amigos iniciales de Pedro Sánchez en el partido es que él participaba en la comisión de investigación sobre Villarejo y, como tal, fue llamado al encuentro por Cerdán. Como Serrano, entonces adjunto a la secretaría de Organización. O el responsable de prensa de entonces del PSOE, Ion Antolín, también presente.

El juez Pedraz sí tiene contabilizados otros encuentros de Santos Cerdán con Leire Díaz, hasta un total de 22, de ahí la acusación de que el secretario de Organización puso la estructura del partido al servicio de los miembros de Hirurok. El magistrado de la Audiencia Nacional ya tiene en su poder la documentación que la UCO obtuvo en los registros del miércoles, por lo que el auto está al caer, un hito más de un mes de junio que será caliente en político y lo judicial.