El decreto afecta a todas las compañías que tengan redes móviles, es decir Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi.

La cifra está muy por encima de la estimación de 73 millones de coste que hizo el Ministerio de Transformación Digital en su primer borrador presentado en diciembre del año pasado.

Es por ello que algunas operadoras ya están tomando medidas. Es el caso de Telefónica que ya ha provisionado en sus cuentas el coste del decreto de resiliencia.

Fuentes del sector con las que ha hablado EL ESPAÑOL-Invertia hablan de estos 300 millones como un escenario base en el que se exigirán cuatro horas de autonomía y cobertura de la red móvil en hasta el 75% de la población en caso de caída de la red eléctrica.

El plan del Gobierno es asegurar la conectividad ante catástrofes naturales y, en el caso de apagones, exige autonomía a las redes móviles que sólo se consiguen dotando de una red de baterías con suficiente capilaridad.

El problema es conocer el detalle del decreto, cuyo detalle definitivo debería conocerse en las próximas semanas. En un escenario menos riguroso en el que sólo se exija máxima cobertura a los grandes emplazamientos, podríamos hablar de entre 175 y 200 millones.

Pero en un escenario con más exigencias y con mayor demanda de cobertura, podríamos hablar de un coste hasta los 800 millones de euros.

En España hay más de 45.000 emplazamientos físicos que albergan más de 200.000 estaciones base o antenas de telefonía móvil repartidas por todo el territorio.

La clave será definir finalmente no sólo cuántos de estos emplazamientos deberán tener autonomía energética, sino que también en qué sitios. Por ejemplo, no es el mismo coste cubrir con baterías las zonas urbanas que las rurales.

De momento, tras la audiencia pública del decreto, el Gobierno ha mantenido la línea dura y las exigencias iniciales, pese a los comentarios de las operadoras y del sector de las telecomunicaciones.

Es verdad que redujo la obligación de las cuatro horas del 85% al 75% del territorio (las operadoras pedían un 70%), pero ha mantenido el escenario más rígido que obliga a tener una elevada tasa de baterías en los emplazamientos.

Esto ha generado cierta sorpresa y descontento del sector, que recibió la noticia en medio de las jornadas anuales de la patronal DigitalES.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, hizo el anuncio del 75% en un escenario en el que las telecos esperaban algún anuncio más conciliador.

En especial, porque presentó la propuesta como una exigencia ante un sector que lleva miles de millones invertidos, precisamente en la seguridad y resiliencia de las redes.

El decreto indica que las instalaciones o infraestructuras esenciales de primer nivel (centros de control, donde reside la inteligencia centralizada de las redes) deberán garantizar su operatividad ante la situación de interrupción del suministro eléctrico al menos durante 24 horas.

Las instalaciones o infraestructuras esenciales de nivel intermedio (aquellas como los centros de gestión cuyo impacto podría afectar a varias regiones o CCAA) deberán hacerlo al menos durante 12 horas; mientras que el resto de instalaciones e infraestructuras deberán garantizar su operatividad durante al menos cuatro horas.

Según anunció el jueves el ministerio, la nueva obligación se introducirá de manera gradual: beneficiará al 50% de la población en el primer año de la entrada en vigor de este real decreto; al 65% en el segundo año, y finalmente al 75% de la población en el tercer año.

Transformación Digital dice que este calendario predecible y planificado "tiene como objetivo facilitar el esfuerzo inversor de los operadores, pero manteniendo un elevado nivel de exigencia en la cobertura de población que deben garantizar los operadores en el caso de una caída de la red eléctrica".

Los operadores que dan conectividad a las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y alertas públicas deben confeccionar y presentar planes de seguridad y resiliencia.

Además, deben tener estrategias de redundancia, es decir, canales de comunicación alternativos. Un centro 112 puede optar por tener varios operadores que le den servicio o utilizar a la vez tanto redes móviles como fijas.

Las obligaciones de este real decreto afectarán a los operadores de telecomunicaciones en España, pero también a aquellos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales y centros de datos.

Incluye puntos de intercambio de Internet que cumplan ciertos criterios como más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de ingresos. Y aquellos que estén designados como operadores críticos, o presten servicios de emergencia, entre otros. No se aplica a redes vinculadas a Seguridad Nacional y Defensa.