El presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa este lunes 15 de junio, fue consultado sobre la reunión del fiscal general, Gabriel García Luna, y del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, con representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Resaltó que la visita a Estados Unidos de ambos funcionarios «constituye un enorme mensaje», pues desde hace mucho tiempo autoridades del Ministerio Público «no podían entrar» a ese país por falta de visa, lo que limitaba cualquier esfuerzo de coordinación.

«Por otro lado, estando el Ministerio Público cooptado por estas redes político-criminales tampoco se podría coordinar el trabajo que se estaba haciendo con el Ministerio de Gobernación, que tiene la responsabilidad de hacer la persecución, de contener el crimen y asistir a los ciudadanos en sus necesidades de seguridad», afirmó.

Dijo que esta visita remarca que la coordinación con Estados Unidos se retoma al más alto nivel y, al mismo tiempo, que debe existir coordinación entre las fuerzas de seguridad y el ente investigador para enfrentar de manera efectiva la delincuencia y el crimen organizado.

Explicó que durante la visita hubo una revisión de los asuntos de la agenda conjunta, como seguridad y combate al narcotráfico.

Anunció que, como resultado de la reunión, se espera aumentar la eficacia interna mediante procesos de coordinación y que la cooperación se incremente.

El 11 de junio recién pasado se informó que el fiscal general y el ministro de Gobernación se reunieron con funcionarios del Departamento de Justicia en oficinas federales estadounidenses, en Washington, D. C., con el propósito de consolidar la colaboración bilateral y coordinar estrategias para combatir la criminalidad que afecta a ambos países.

Las autoridades abordaron asuntos relacionados con la lucha contra las redes de trata de personas, el narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales que operan en la región.

Además, analizaron mecanismos para fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal, así como acciones orientadas a desarticular organizaciones dedicadas al crimen organizado y llevar a sus integrantes ante la justicia, según informaron en esa ocasión.

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