Luego de la fiscalización del gasto público durante el ejercicio 2025 por la Contraloría General de Cuentas (CGC), el diputado Orlando Blanco, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) señaló disparidad en el caso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) durante una citación este lunes 1 de junio.

Mientras el sector de Municipalidades concentró la gran mayoría de las auditorías, el CIV —señalado por el legislador como un foco crítico de posible corrupción— recibió, a su criterio, un nivel de control y supervisión reducidos.

Durante la reunión, el diputado Blanco calificó de inaceptable que el sector de Comunicaciones e Infraestructura solo haya sido objeto de 8 auditorías, lo que representa, según su cálculo, apenas el 1% del total de las acciones realizadas por el ente fiscalizador.

En contraste, el sector de Municipalidades y Consejos de Desarrollo (Codedes) acaparó 381 auditorías, es decir, el 65% del trabajo de la Contraloría.

“No puede ser que donde está el botín, en la ‘cueva de Alí Babá’ y sus 40 ladrones, solo les hayan ido a visitar ocho veces”, sentenció el legislador.

Manuel González, director de Auditoría de Municipalidades de la institución, respondió: “Es la distribución sectorial, señor diputado”.

“Así es, yo lo entiendo, pero es ahí donde uno ve cargados los dados”, replicó el diputado Blanco, sugiriendo que la distribución sectorial parece diseñada para desviar la atención de los grandes contratos de infraestructura hacia los gobiernos locales.           

Otro de los puntos de fricción fue el monto de las sanciones económicas impuestas. Según el informe de la CGC, en el sector comunicaciones solo se reportaron Q2 millones en sanciones, una cifra que el diputado tildó de "ridícula" frente a los miles de millones que maneja dicha cartera.

La crítica sostiene que estas multas mínimas, a menudo pagadas con los mismos recursos desviados, lejos de castigar, funcionan como un "estímulo" para que los funcionarios corruptos continúen despilfarrando el presupuesto.

Ante esto, González defendió el trabajo y argumentó que las multas se aplican estrictamente bajo el marco del Decreto 31-2002 (Ley de la Contraloría), el cual limita los montos por observancia de normas de control interno. “Esta es la base para poder sancionar”, aseguró.

González, acompañado del Cristóbal Castellanos, Subdirector Regional de Auditoría de Municipalidades y Codedes, defendieron la gestión fiscalizadora destacando que las auditorías para fortalecer el control interno de las entidades.

"Con este fortalecimiento del control interno se han estado elaborando varias acciones preventivas que son muy importantes... Este año se elaboraron 2 mil 524 acciones preventivas", aseguró González.

Según el funcionario, que acudió en representación por inasistencia del Contralor General y del Subcontralor de Calidad del Gasto, la prioridad no es solo sancionar, sino prevenir fallos administrativos.  

Explicaron que la labor de la CGC no siempre culmina en denuncias penales, sino que busca corregir deficiencias administrativas de manera continua.

"Debemos recordar que todo este tema es cultural... las propias entidades deben de coadyuvar con la auditoría en el fortalecimiento del control interno", dijo posteriormente.  

Justificó que las actuaciones son basándose en la prevención, la continuidad administrativa y el estricto apego al Decreto 31-2002.

La citación también puso el foco en proyectos con presuntas irregularidades:

• Antigua Guatemala: Se cuestionó una obra en la escuela de San Mateo, originalmente de Q17.9 millones, que terminó adjudicada por Q27 millones. A pesar de la anomalía, las sanciones al alcalde y personal técnico sumaron apenas Q162 mil, denunció el congresista.
• San Miguel Petapa: Se denunciaron sanciones mínimas (entre Q2 mil y Q23 mil) para funcionarios financieros, mientras que el alcalde no fue tocado por los informes, pese a que según expuso Blanco, había denuncias de sobrevaloración en obras y problemas en contratos de agua.

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