Los vecinos de Felipe II, de la intercomunidad de propietarios que linda con el microparking de más de 100 plazas proyectado en la calle Bogotá, han acordado recurrir la adjudicación de las obras por parte de Urbanismo que debe aprobarse formalmente en junta de gobierno a finales de este mes. El recurso administrativo se presentará a partir de esa fecha y se dirige al órgano de contratación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

El principal argumento del recurso es la “alteración sustancial de las condiciones económicas de la actuación”, ya que el precio máximo por plaza previsto por el adjudicatario propuesto (Novalar Orbe, filial de Heliopol) es mucho más alto que el fijado por la Gerencia de Urbanismo. Concretamente cada plaza se comercializa a 57.345 euros, un 69% por encima del precio máximo de referencia de 33.900 euros establecido por la Gerencia de Urbanismo. Así consta en la documentación presentada por la entidad propuesta como adjudicataria.

La comunidad de propietarios recalca que “la oferta presentada pone de manifiesto que la rentabilidad económica real de la promoción es muy superior a la contemplada en el expediente de valoración patrimonial”. Y agrega que el precio al que la adjudicataria prevé comercializar las plazas “supera ampliamente tanto los precios considerados durante la consulta preliminar como los parámetros económicos utilizados por la Administración para valorar el suelo y diseñar la actuación”. La comunidad recalca que este hecho “evidencia una realidad económica radicalmente distinta de aquella sobre la que se fundamentó la licitación”.

La desviación de precios en los tres aparcamientos adjudicados / Departamento de Maquetación

Estos vecinos se presentan como directamente afectados porque son los potenciales destinatarios de estas plazas de aparcamiento para residentes. Así lo fijó el Ayuntamiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares al establecer expresamente que “todas las plazas del aparcamiento se destinarán a venta para residentes”.

Por eso en el recurso los vecinos reclaman que el Ayuntamiento de Sevilla reconsidere “la operación desde la perspectiva de la protección del patrimonio público y del mantenimiento de la finalidad residencial que justificó la actuación”, es decir, del interés público.

La comunidad señala, sobre las condiciones económicas que sirvieron de fundamento a la licitación de este aparcamiento, que los precios de comercialización se estimaron entre 35.000 y 39.000 euros por plaza en la fase de consulta preliminar al mercado. Que luego la Gerencia de Urbanismo estableció un precio máximo de referencia de 33.900 euros por plaza, reforzando el carácter residencial y social de la actuación. Y que sobre tales premisas económicas se determinó el valor residual del suelo y se fijó un tipo mínimo de licitación de 38.558 euros.

Por eso concluyen los vecinos que “resulta evidente que la valoración del suelo municipal se construyó sobre la expectativa de una promoción destinada a residentes y basada en unos precios de comercialización significativamente inferiores a los actualmente propuestos”.

“Frustración de la finalidad residencial y social" que justificó el aparcamiento

La comunidad argumenta también en su recurso la “frustración de la finalidad residencial y social que justificó la actuación”. Y expone que la previsión de comercialización de las plazas a un precio medio superior a 57.000 euros “altera sustancialmente la finalidad de facilitar a los residentes del entorno el acceso a plazas de aparcamiento en condiciones económicamente asumibles” y “limita de forma significativa el acceso efectivo de los residentes a las plazas cuya creación justificó la actuación pública”.

En suma, la intercomunidad considera que la oferta presentada “desnaturaliza los objetivos que motivaron la licitación, transformando una actuación concebida para atender una necesidad vecinal en una operación cuya rentabilidad económica resulta incompatible con los parámetros que justificaron la valoración del suelo municipal”.

Los vecinos también llaman la atención sobre la necesidad de protección del patrimonio público municipal. Este punto se refiere a que “la documentación incorporada al procedimiento revela una diferencia extraordinariamente significativa entre el valor atribuido al suelo municipal en la licitación y el valor económico que la propia oferta presentada permite inferir”.

“Si los precios de comercialización previstos por la entidad propuesta como adjudicataria hubieran sido considerados en la valoración inicial del suelo, el resultado económico de la operación habría sido sustancialmente distinto”, subrayan.

Los vecinos concluyen que la Administración dispone actualmente de información objetiva que no constaba al tiempo de aprobar la licitación y que pone de manifiesto una “posible discordancia sustancial entre el valor económico real de la actuación y el precio por el que se pretende enajenar el suelo público”.

Tres adjudicados y dos desiertos

De los cinco microparkings que se licitaron, únicamente se han adjudicado tres: el de Bogotá, y los de Virgen de Luján y Virgen de la Antigua, ambos en Los Remedios. La licitación de los dos restantes, en Felipe II y Genaro Parladé, ha quedado desierta.

Sobre los aparcamientos de Los Remedios, la intercomunidad de Felipe II alerta de que también se dan desviaciones entre los precios máximos que fijó el pliego y los que ofertan los adjudicatarios, que son de un 92% en el caso de Virgen de Luján. Los detalles pueden verse en la tabla adjunta.