Una vez más, la cárcel de máxima y mediana seguridad del municipio de Itagüí tiene puestos todos los reflectores a nivel nacional. Una vez más es a raíz de un episodio que pone en cuestión dicha seguridad. 

El pasado 14 de julio, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, recibió una llamada a eso de las 11 de la mañana en la que una fuente, cuya identidad permanece reservada, le habría informado sobre un presunto plan de fuga masiva de la cárcel de Itagüí que se estaría cocinando en Manrique.

Según el edil del movimiento Creemos, la fuga estaría programada para ser perpetrada el próximo 7 de agosto, día de la posesión del presidente electo, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. 

Como parte del acervo probatorio de la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la Nación, De Bedout hizo público un fragmento de la llamada que tuvo con la persona que le reveló esta información: "Esa gente ya tenía los pillos que manejan moto, los que iban acompañando y otros que iban solos para sacar. Que una gente iba a salir en una fuga masiva de la cárcel de Itagüí, posiblemente antes de la posesión de Abelardo de la Espriella. Que ya tenían la gente y las motos de alto cilindraje para salir ya, que no sabía si era de noche o de día o qué", asegura el sujeto. 

Fragmento de la denuncia interpuesta por el concejal ante la Fiscalía. Foto:EL TIEMPO.

La denuncia De Bedout encendió las alarmas de la Procuraduría de Antioquia, la Fiscalía, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y del Inpec, quienes articularon diferentes medidas para asegurarse de que este presunto plan de fuga no se materialice.

El último en pronunciarse fue el Inpec, que el jueves 16 de julio anunció las medidas particulares que se asumieron de manera inmediata en el penal en el que están recluidos, entre otros, los principales cabecillas históricos de los grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá.

Entre las medidas anunciadas destacan traslados de funcionarios del Inpec para reforzar la seguridad, la presencia del Director General de la entidad en la cárcel, la implementación de perímetros y la articulación con la Policía Metropolitana. 

Comunicado del Inpec en relación con la denuncia de fuga en la cárcel de Itagüí. Foto:Suministrada.

Pese a que se espera que por medio de estas medidas se evite la consumación de este presunto plan y de que incluso alias Douglas—máximo cabecilla histórico de 'La Terraza'— quien hace parte de los resonantes reclusos de 'La Paz', hubiera afirmado que este plan no es más que una fantasía alejada de la realidad, meses atrás la cárcel de Itagüí ya estuvo envuelta en graves polémicas precisamente en materia de seguridad. 

LEA TAMBIÉN

El 21 de junio de 2025 el presidente Gustavo Petro adelantó un acto público ante centenares de personas en Medellín. El lugar elegido por el primer mandatario para este evento fue el Centro Administrativo de La Alpujarra, sede de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Rama Judicial en el departamento. 

Más allá del ruido que se generó a nivel nacional por este acto, que para muchos fue tomado como una afrenta del presidente contra los mandatarios de la región, hubo un hecho que marcó a este gobierno de manera irreversible.

Como parte de un balance de la política de paz urbana del gobierno, el presidente estuvo acompañado en el escenario de su alocución por nueve de los cabecillas históricos del Valle de Aburrá que fungen como voceros de la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí. 

''Juan 23', 'Tom', 'Vallejo', 'Douglas', 'Carlos Pesebre', 'El Tigre', 'El Indio', 'El Compa' y 'Grande Pa', fueron los personajes que se pararon a la siniestra del presidente Petro y que además de hacer presencia en el lugar tuvieron un espacio para dirigirse al jefe de Estado ante las miles de personas que asistieron ese sábado al centro de la ciudad.

El 'tarimazo' con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:JAVIER NIETO ÁLVAREZ

De base, se cuestionó si la presencia de los miembros de la mesa de paz en La Alpujarra era legal. Así fue como se conoció que fue la senadora Isabel Zuleta la que solicitó el permiso y traslado de los los convictos desde la cárcel de Itagüí, hasta el acto del presidente.

Zuleta tramitó la salida de los 'capos' el 19 de junio, dos días antes del evento del Presidente. En ese mismo documento estableció que los nueve cabecillas regresarían a la cárcel La Paz, de Itagüí, donde están recluidos en el marco de las negociaciones con el Gobierno Nacional.

En la resolución 005208 emitida por el entonces director de Custodia y Vigilancia del Inpec, Rolando Antonio Ramírez, se dejó constancia de que la remisión a La Alpujarra respondió a una solicitud de Zuleta: "Mediante oficio sin número y sin fecha recibido el 19/06/2025 firmado por la Dra. Isabel Cristina Zuleta López Coordinadora para la Construcción de Paz Urbana ECSJ-Medellín y Valle de Aburrá, solicita el traslado de los privados de la libertad (...)"

A pesar de que inicialmente trascendió que el documento tenía validez jurídica, se conoció que una denuncia interpuesta contra el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director de Custodia y Vigilancia de la cárcel de Itagüí en ese entonces, y contra alias 'Carlos Pesebre' fue recibida y generó compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fuga de presos y falsedad en documento.

A través de este documento el director de custodia del penal autorizó la remisión de los condenados. Foto:Suministrada.

Fue el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín el que compulsó copias y formuló denuncia penal en contra del teniente coronel Ramírez Sanabria por autorizar la salida de los cabecillas. A través del oficio 2381, el juzgado indicó que la expedición de la resolución en la que se autorizó el traslado de alias 'Carlos Pesebre', se efectuó sin el aval de un juez, es decir, sin autorización judicial.

LEA TAMBIÉN

Entre la mañana y la tarde del miércoles 8 de abril, 138 personas ingresaron al pabellón de alta seguridad de la cárcel de Itagüí, invitados por los propios internos, para la realización de una parranda vallenata ambientada por el cantante Nelson Velásquez.

Según reportes, la parranda costó 500 millones de pesos y se organizó para celebrar el cumpleaños de alias 'Pocho', cabecilla de 'La Agonía' y la supuesta liberación—después se cayó— de alias 'Lindolfo', cabecilla de 'La Oficina'.

Este episodio, para el cual los internos y sus visitantes contaron con grandes cantidades de licores y drogas, dejó en evidencia a 12 funcionarios del Inpec quienes estaban encargados de la seguridad del penal ese día y, por el contrario, habrían cooperado para que se pudiera realizar la fiesta en la cárcel. 

El cantante Nelson Velásquez se presentó en la parranda vallenata de la cárcel de Itagüí. Foto:Redes sociales.

Por estos hechos la Procuraduría General de la Nación ordenó abrir investigación disciplinaria contra los funcionarios Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Goez David, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas, Eduardo Parra Ceballos, Salvador del Cristo Jiménez Palencia, Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez.

Además, el Ministerio Público compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigara la conducta en la que habrían incurrido el teniente León, como subdirector de la cárcel y el mayor Edgar Iván Pérez Ortega, como director, por unos cambios de turno informales.

LEA TAMBIÉN

Tras la parranda vallenata en el interior del penal, se conoció que el penal de Itagüí llevaba tres años sin cámaras de seguridad. 

Fue el entonces ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien confirmó que los equipos estaban instalados al interior de la cárcel pero que estaban inoperantes desde hace tres años.

En la práctica, esto ha significado que ninguna autoridad administrativa o judicial cuenta con registros en video para verificar lo que ocurre dentro de uno de los centros de reclusión más sensibles del país.

El Inpec señaló en su momento que desde 2023 le solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) la renovación del sistema, debido al deterioro progresivo de los equipos. Esta entidad, encargada de la ejecución de los recursos del sistema penitenciario, confirmó que en 2025 suscribió un contrato por cerca de 2.600 millones de pesos para modernizar cámaras en cuatro cárceles, incluida la de Itagüí.

LEA TAMBIÉN

La confirmación de que al interior de la cárcel no había cámaras de seguridad en funcionamiento dio pie para que los concejales Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón denunciaran que durante los últimos años, la cárcel se había convertido en una especie de hotel para los convictos de alto valor.

Los ediles denunciaron en repetidas oportunidades a través de sus redes sociales que los convictos de la cárcel de Itagüí afrontaban su reclusión en el penal con múltiples lujos: celdas personalizadas a nivel estructural, con cocinetas y cómodos baños, televisores, consolas de videojuegos; ingreso de licores y alimentos, teléfonos celulares y wifi, entre otros.

De algún modo, estas versiones fueron parcialmente confirmadas días después de la parranda vallenata a través de un operativo sorpresa adelantado por las autoridades en la cárcel.

Lujos incautados en la cárcel de Itagüí Foto:Redes sociales

En esa oportunidad, las autoridades incautaron 32 litros de cervezas de diferentes marcas y presentaciones, 1,5 litros de cócteles y la misma cantidad de José Cuervo, 700 mililitros de Ron Viejo de Caldas, una botella de vino Gato Negro y una botella de Buchanan's; 58 gramos de estupefacientes; cinco teléfonos, dos módems wifi, 23 cargadores para celular, un parlante y 17 tarjetas SIM. 

Además, en ese mismo operativo las autoridades incautaron cuatro navajas de fabricación industrial, un control de videojuegos, tres parrillas eléctricas, 32 cables de datos y una diadema para consola de videojuegos.

LEA TAMBIÉN

Finalmente, es preciso destacar como una de las principales brechas de seguridad del penal el control de territorial activo que mantienen los cabecillas de los GDO del Valle de Aburrá desde adentro de la cárcel.

Confirmado por los mismos integrantes de las estructuras y como elemento clave de los diálogos de paz urbana con el gobierno, los capos de las estructuras dan órdenes y directrices a los integrantes de los GDO desde las cárceles, entre ellos, el cese de enfrentamientos entre las organizaciones criminales. 

Uno de los principales ejemplos de esta dinámica fue revelado por EL TIEMPO en exclusiva meses atrás. En marzo pasado las autoridades le asestaron un golpe clave a 'La Oficina'.

Nueve integrantes de una subestructura conocida como 'La Oficina Premium' fueron capturados en Robledo. Este GDCO se dedicaba a perpetrar episodios de sicariato contra extranjeros de alto valor que se encontraban en Medellín.

Estos fueron los nueve integrantes de la 'Oficina Premium' capturados. Foto:Suministrada.

Estos crímenes eran pagados desde el exterior por multimillonarias cifras en dólares consignadas a través de medios digitales.

La cuestión es que los sicariatos detrás de estos homicidios no fueron ‘comunes’. Según lo conoció EL TIEMPO, estos crímenes fueron pagados a través de Bitcoin y el precio por ‘la cabeza’ de cada uno de estos extranjeros osciló entre los 400.000 y 500.000 dólares, es decir, más de 1.800 millones de pesos por crimen.

La cuantía de cada asesinato y la confidencialidad de las identidades de los autores intelectuales llevaron a que la ‘Oficina Premium’ ejecutara los pedidos honrando esa denominación. De acuerdo con documentos de la investigación, a los cuales EL TIEMPO tuvo acceso en exclusiva, estos individuos materializaban los asesinatos con revólveres: armas que dan cuenta de una sofisticación en el trabajo y dificultan el rastreo del arma, en tanto no dejan traza balística pues el proyectil permanece en el tambor, caso contrario a otras armas. Son ‘sicarios finos’ le señaló una fuente a este medio.

Pero más allá del método y de los objetivos de esta subestructura, EL TIEMPO estableció en exclusiva las dinámicas jerárquicas que dictaminan su operación: estas se remitirían a la cárcel de 'La Paz'.

Según fuentes cercanas a la investigación que se adelanta en contra de 'La Oficina Premium', esta subestructura de sicarios sofisticados le rendía cuentas, directamente, a alias Freyner Alfonzo Ramírez García, alias Carlos Pesebre, cabecilla de 'Robledo' y uno de los principales voceros de la mesa de paz urbana.

'Carlos Pesebre', 'Douglas' habría dirigido 'La Oficina Premium' desde la cárcel. Foto:Jaiver Nieto Álvarez | Cortesía

Del mismo modo, fuentes cercanas a la investigación le señalaron a este medio que 'La Oficina Premium' también le rendía cuentas a alias 'Douglas'.

Así, a pesar del anuncio del refuerzo de las medidas de seguridad en la cárcel de Itagüí para evitar una fuga masiva en el penal, el concepto de máxima y mediana seguridad ha quedado en entredicho, de manera grave, en varios episodios subsecuentes registrados en menos de un año. 

NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE

Periodista de Nación, en Medellín.